Cada primero de mayo, el país se llena de discursos que celebran el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo y el aporte del trabajador dominicano al desarrollo nacional.
Sin embargo, detrás de los actos oficiales y las palabras grandilocuentes, permanece una realidad mucho menos edificante: la deuda social histórica que el Estado y el sistema productivo mantienen con quienes, día a día, sostienen la economía nacional.
En República Dominicana, ser trabajador sigue siendo, en muchos casos, un acto de sobrevivencia más que una ruta de progreso.
Los sueldos reales han sido degradados durante décadas, mientras el costo de la vida sube sin tregua.
La indexación salarial, que debería haber garantizado ajustes automáticos para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, nunca se implementó en los hechos.
Hoy, pretender corregir esa distorsión de golpe sería inviable para el sistema productivo, pero seguir ignorándola es perpetuar un modelo de precariedad silenciosa.
Esta precariedad ha alimentado otro fenómeno crítico: el crecimiento desbordado de la informalidad laboral.
En muchos casos, quienes trabajan por cuenta propia —desde un vendedor ambulante hasta un pequeño comerciante— pueden terminar percibiendo más que quienes tienen un empleo formal.
La paradoja es brutal: trabajar formalmente significa ganar menos, enfrentar descuentos obligatorios, y aún así estar expuesto a sistemas de salud y pensión que no cumplen sus promesas.
Esta dinámica ha erosionado la confianza en el empleo formal, promovido la evasión fiscal, y dejado a cientos de miles de dominicanos desprotegidos: sin cotización, sin seguridad social, sin derecho efectivo a una pensión digna.
Mientras tanto, el Congreso estudia un nuevo proyecto de modificación al Código Laboral.
Aunque se presenta como una modernización necesaria, entre sus sombras se asoma la posibilidad de desmontar derechos fundamentales como la cesantía laboral: el último salvavidas que tienen millones de trabajadores ante un despido inesperado en un mercado que no ofrece garantías reales de reinserción inmediata.
Se habla de seguros de desempleo como alternativa, pero la experiencia dominicana en materia de seguridad social invita a la cautela.
Las ARS y las AFP, pilares del sistema actual, han priorizado consistentemente sus beneficios corporativos sobre la protección efectiva del ciudadano.
La salud se ha convertido en un laberinto burocrático y las pensiones, en la amarga promesa de un retiro indigno: todo indica que menos de la mitad de los cotizantes logrará una jubilación suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Es cierto que la cesantía representa un desafío para las pequeñas y medianas empresas, y que se necesitan soluciones creativas que equilibren los intereses de empleadores y trabajadores.
En su momento, el presidente Abinader propuso una serie de medidas de alivio para las pymes dentro de una reforma fiscal que nunca llegó a materializarse.
Sin ese marco de apoyo, desmontar derechos adquiridos es, simplemente, abrir una nueva brecha social.
En este Día del Trabajador, más que aplausos, los trabajadores dominicanos necesitan acciones concretas:
Una ruta realista de recuperación salarial. Una política pública que incentive la formalización sin castigar más a los pequeños. Una seguridad social que los proteja y no los expulse. Y un Código Laboral que evolucione, sí, pero no a costa de quienes menos poder tienen para defenderse.
Proteger al trabajador no es un obstáculo para el crecimiento económico: es, precisamente, la base para un desarrollo sostenible, justo y verdaderamente inclusivo.
Porque al final, un país que celebra el trabajo pero abandona al trabajador, es un país que traiciona su propio futuro.
@abrilpenaabreu
