Por Jesús Féliz
Las denuncias formuladas por el diputado Carlos de Pérez sobre el supuesto reclutamiento de jóvenes dominicanos mediante ofertas de empleo en Rusia para terminar incorporados a la guerra contra Ucrania constituyen una alerta que las autoridades dominicanas no pueden ignorar.
De Pérez afirma tener varios casos documentados, incluyendo jóvenes contactados para trabajar como cocineros, soldadores o mecánicos y que, una vez en Rusia, habrían sido despojados de sus pasaportes y encaminados hacia el servicio militar. Estas denuncias, que también han sido expuesta en el programa de Nuria Piera, requieren naturalmente de una investigación oficial que determine su alcance y veracidad.
Pero ya existe un caso concreto que hace impostergable esa investigación: el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat aparece públicamente incorporado al Ejército ruso y, según documentos obtenidos por Diario Libre, habría firmado un contrato de servicio militar. Su familia, sin embargo, sostiene que originalmente viajó con la expectativa de conseguir un empleo. Ante esta realidad, el Estado dominicano debe actuar.
La Cancillería, a través de sus mecanismos consulares y diplomáticos, debe establecer cuántos dominicanos podrían encontrarse en una situación similar, ya que se habla de unos 200, verificar ,sus condiciones y procurar asistencia a quienes hayan sido víctimas de engaño, captación irregular o trabajo que ponga en riesgo la vida de ellos.
También corresponde investigar quiénes están promoviendo esas supuestas ofertas de empleo a través de paginas en redes sociales, desde dónde operan y si existe en territorio dominicano una estructura dedicada a captar ciudadanos para trasladarlos a una zona de conflicto.
Esto trasciende las diferencias políticas. Se trata de proteger la vida y los derechos de ciudadanos dominicanos y de evitar que nuestro país quede involucrado, directa o indirectamente, en una red de trata de personas o en conflicto armado ajeno
La República Dominicana debe mantener relaciones diplomáticas responsables con todos los Estados, incluida Rusia, pero esa prudencia diplomática nunca debe estar por encima de la obligación fundamental de proteger a nuestros ciudadanos.
Por eso, ante las denuncias conocidas, investigar, prevenir y actuar por la vía consular y diplomática no puede esperar. El país esperan conocer la posición oficial de las autoridades dominicanas.
