Por Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas.
La República Dominicana ha demostrado en las últimas décadas una notable capacidad de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y atracción de inversión extranjera. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por presiones fiscales, demandas sociales crecientes y un entorno internacional incierto, el país enfrenta un desafío estratégico: cómo garantizar que el crecimiento económico sea sostenible, inclusivo y financieramente responsable.
En ese escenario, tres pilares adquieren especial relevancia: la sostenibilidad de la deuda pública, la calidad del gasto estatal y la transparencia fiscal. Su adecuada gestión impacta directamente la inversión, la inflación, las tasas de interés y la confianza internacional, variables decisivas para el futuro económico nacional.
La deuda pública no es, en sí misma, un problema. De hecho, bien administrada puede ser una poderosa herramienta para financiar infraestructura, educación, innovación tecnológica y políticas sociales que impulsen el crecimiento. El desafío radica en su sostenibilidad y en la calidad del uso de esos recursos.
Cuando la deuda se orienta hacia inversiones productivas, genera retornos económicos que permiten pagarla sin afectar la estabilidad macroeconómica. Pero si se utiliza principalmente para gasto corriente improductivo o para cubrir déficits estructurales, puede transformarse en una carga que limite el desarrollo futuro, presione las tasas de interés y reduzca el espacio fiscal para políticas públicas estratégicas. Para la República Dominicana, el reto no es solo controlar el nivel de endeudamiento, sino asegurar que cada peso financiado con deuda contribuya efectivamente al crecimiento económico y al bienestar social.
Un elemento central del debate fiscal actual es la calidad del gasto público. No basta con aumentar el presupuesto o ejecutar grandes montos; lo crucial es el impacto real de ese gasto. El gasto en infraestructura productiva, carreteras, energía, agua, educación, salud o digitalización, suele tener efectos multiplicadores importantes. Reduce costos logísticos, mejora la competitividad, atrae inversión y fortalece la productividad nacional.
Por el contrario, un crecimiento desproporcionado del gasto corriente, especialmente si no está vinculado a mejoras en servicios públicos o eficiencia institucional, puede generar rigideces fiscales y limitar la capacidad de inversión futura. Esto no implica restar importancia al gasto social o administrativo. Ambos son necesarios para el funcionamiento del Estado y la cohesión social. Pero su eficiencia debe evaluarse constantemente para evitar desperdicios, duplicidades o ineficiencias que terminan afectando la sostenibilidad fiscal.
La transparencia fiscal suele abordarse desde una perspectiva ética o institucional, pero su impacto económico es igualmente significativo. La claridad en la información presupuestaria, la rendición de cuentas, la transparencia en contrataciones públicas y la divulgación oportuna de datos fiscales fortalecen la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas internacionales.
Cuando existe transparencia, disminuye la percepción de riesgo país, mejoran las calificaciones crediticias y se reducen los costos de financiamiento externo. Por el contrario, la opacidad fiscal genera incertidumbre, incrementa la prima de riesgo y puede desalentar la inversión. En un país que aspira a consolidarse como destino atractivo para inversiones regionales e internacionales, la transparencia fiscal no es solo una obligación institucional: es una ventaja competitiva.
Una política fiscal disciplinada y transparente suele traducirse en mayor inversión extranjera y local, al ofrecer previsibilidad económica y estabilidad institucional. A su vez, una deuda sostenible y un gasto público eficiente ayudan a mantener controlada la inflación, evitando presiones monetarias o cambiarias derivadas de déficits excesivos.
Asimismo, la confianza fiscal contribuye a reducir las tasas de interés soberanas. Esto facilita el financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, estimulando la actividad económica y la creación de empleo. Por el contrario, desequilibrios fiscales prolongados pueden elevar las tasas de interés, restringir el crédito, generar inflación indirecta y deteriorar la percepción internacional sobre la economía dominicana.
El debate fiscal en la República Dominicana no debe reducirse a cuánto se gasta o cuánto se recauda. La verdadera discusión debe centrarse en cómo se administra el dinero público, qué impacto genera y qué modelo de desarrollo se quiere construir.
La sostenibilidad fiscal requiere planificación de largo plazo, fortalecimiento institucional, auditoría efectiva y una cultura de transparencia que trascienda coyunturas políticas. También exige diálogo entre Estado, sector privado, academia y sociedad civil para construir consensos que permitan avanzar hacia un crecimiento económico sólido y socialmente equilibrado.
La República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para consolidar un crecimiento sostenible, pero ese objetivo dependerá en gran medida de la calidad de su gestión fiscal. La deuda pública debe ser un instrumento para el desarrollo, no una carga para futuras generaciones.
El gasto público debe traducirse en productividad y bienestar, no en rigidez presupuestaria. Y la transparencia fiscal debe convertirse en una práctica permanente que fortalezca la confianza institucional y la competitividad económica.
Más que un debate técnico, se trata de una decisión estratégica de país: apostar por una gestión fiscal responsable, transparente y eficiente como base para un desarrollo sostenible, inclusivo y duradero.
