Por Abril Peña
ElPregoneroRD-Cada 3 de diciembre el mundo detiene la marcha, aunque sea por un día, para recordar que más de 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad. Es una cifra enorme, pero más enorme es la brecha entre los discursos y las realidades. República Dominicana no escapa a esa paradoja: hablamos de inclusión, pero convivimos con ciudades, instituciones y sistemas que siguen diseñados para quienes pueden caminar, ver, oír y comprender el entorno sin barreras.
En un país que presume crecimiento económico, la discapacidad sigue siendo un tema relegado al último cajón de las prioridades públicas. No por falta de leyes —las tenemos— sino por falta de voluntad política para cumplirlas. La Ley 5-13 sobre discapacidad avanzó hace más de una década, pero hoy basta caminar por cualquier acera rota o intentar usar un servicio público para entender que la inclusión real sigue siendo un sueño en proceso.
La brecha es tan grande que hablar de igualdad de oportunidades parece un acto de optimismo. Según registros oficiales, cerca del 12% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad. Si fueran un partido político, representarían uno de los bloques más grandes del país. Sin embargo, su voz rara vez se escucha. No están en los debates públicos, casi nunca en las estadísticas desagregadas, y muy poco en los presupuestos nacionales.
Porque hay que decirlo sin rodeos: RD no está diseñada para ellos.
Las aceras no funcionan. El transporte público no los contempla. La burocracia los desgasta. Las escuelas carecen de personal y materiales suficientes para educación inclusiva. Y en el sector laboral, la mayoría ni siquiera recibe la oportunidad de demostrar lo que puede aportar. El resultado es un círculo de exclusión que se alimenta solo: sin acceso → sin oportunidades → sin autonomía.
Hablar de discapacidad no es hablar de caridad. Es hablar de derechos humanos, justicia social y desarrollo nacional. Un país que margina a más del 10% de su población se está amputando su propio potencial.
Pero también es un tema profundamente político. En momentos donde discutimos institucionalidad, inversión social y eficiencia del Estado, la inclusión debería ser parte del centro del debate, no un apéndice simbólico para el 3 de diciembre. Las ciudades modernas entienden que accesibilidad no es gasto, sino inversión: en empleos, en movilidad, en productividad, en salud mental, en dignidad.
Mientras tanto, en la República Dominicana, muchos ciudadanos con discapacidad siguen luchando batallas básicas: subir una rampa que no existe, acceder a una consulta médica sin humillaciones, moverse en la ciudad sin poner en riesgo su vida.
Este día no es para discursos complacientes. Es para admitir que hemos fallado como sociedad. Que el Estado debe asumir la inclusión como un pilar, no como un gesto. Que los gobiernos municipales deben planificar pensando en todos. Que el sector privado tiene la responsabilidad de abrir puertas reales. Y que cada uno de nosotros debe revisar los prejuicios que todavía arrastramos.
República Dominicana no necesita reinventar la inclusión; necesita priorizarla. Porque un país se mide no por cómo trata a quienes tienen más poder, sino por cómo respeta y acompaña a quienes viven con más barreras.
Y esa, al día de hoy, sigue siendo una deuda pendiente.
