@abrilpenaabreu
En República Dominicana el respeto a la autoridad se ha vuelto una rareza.
Aquí cualquiera graba un video acabando con un funcionario, lo sube a redes y, a lo sumo, ofrece una disculpa para salir del paso. Y no pasa nada.
Hemos llegado al punto en que ciudadanos atacan a miembros de la Digesett y de la Policía Nacional —a golpes, a pedradas o con celulares en mano— y el debate público se centra en justificarlo por “los dos o tres corruptos que hay en las filas”.
Como si eso bastara para desconocer el deber y la función de todo un cuerpo estatal. Como si el mal comportamiento de algunos autorizara al resto a hacer justicia por mano propia.
Esto no empezó ahora. Llevamos años sin un régimen real de consecuencias.
Hoy tenemos un alcalde diciendo abiertamente a la Ministro de Interior:
“Usted tiene razón… pero en lo que el tribunal se la da, yo sigo haciendo lo que quiero.”
Y no pasa nada.
Y no solo alcaldes. El propio Ministro de Agricultura ha reconocido públicamente que tiene trabajadores haitianos indocumentados en su finca.
¿Y cuál ha sido la consecuencia?
Ninguna.
Ni una investigación, ni una multa, ni una explicación formal. Nada.
¿Y por qué habríamos de sorprendernos, si hasta el expresidente del Tribunal Constitucional, estando todavía en funciones, se quejaba de que ni el mismo Estado cumple las sentencias del poder judicial? Si no pregúntenle a los miles de desvinculados con sentencias definitivas que aún esperan por su pago.
¿De qué régimen de consecuencias hablamos si aquí se desafía a los jueces, a la policía, a migración y a los organismos de control sin que pase nada?
Y mientras las autoridades ceden, los ciudadanos copian el patrón. Porque si los de arriba pueden el resto de la cadena alimenticia también.
Y así llegamos al absurdo más reciente:
Un comerciante chino, una dominicana y un grupo de haitianos indocumentados prácticamente secuestraron a un fiscal dentro de una tienda, en un desafío abierto a la ley.
Y la noticia no fue el delito en sí, sino el video viral. Aquí, la ley no se respeta. Porque todos saben que este es el país donde “na e’ na”.
En un país serio…
En un país serio, la tienda habría amanecido cerrada. Todos los involucrados, detenidos. El estatus migratorio, revisado, pero el de todos.
El mensaje, debió ser claro: Nadie está por encima de la ley.
Pero aquí…
Aquí vivimos en el país donde todo se justifica, todo se perdona y todo se olvida. Y lo más peligroso es que esa cultura de impunidad ya no es solo tolerada, es esperada.
Aquí la autoridad no se impone; se negocia.
Y eso, más que una crisis institucional, es una sentencia anticipada contra cualquier intento de orden y justicia.
