El Pregonero, Santo Domingo. –Aspirantes a fiscalizadores denunciaron serias irregularidades en el proceso de selección llevado a cabo por la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), señalando prácticas discriminatorias, fallas en el examen de conocimientos y un manejo autoritario por parte de la rectora, magistrada Marien Montero Beard.
De acuerdo con los denunciantes, el concurso convocado el 25 de noviembre de 2024 mediante plataformas digitales presentó modificaciones inusuales respecto a procesos anteriores, limitando la posibilidad de elección de plazas y exigiendo requisitos adicionales no contemplados en las bases publicadas.
Entre las trabas denunciadas se encuentran la negativa a recibir expedientes a quienes no residían en la plaza de su elección, obligando a los postulantes a presentar contratos de alquiler, declaraciones notariadas o incluso a desistir de su participación.
El proceso de evaluación inició el 10 de febrero de 2025 con 1,128 profesionales del derecho. Sin embargo, durante la aplicación de la prueba se detectaron preguntas con respuestas ambiguas que podían admitir más de una opción válida, aunque el sistema solo reconocía una como correcta, lo que afectó significativamente los resultados.
Posteriormente, los concursantes exigieron la revisión de sus exámenes, derecho que estaba establecido en las bases del concurso. No obstante, según las denuncias, la rectora negó en muchos casos la posibilidad de revisión, alegando que esta solo servía para confirmar la calificación otorgada. Mientras algunos participantes apenas pudieron revisar cuatro preguntas aleatorias, otros fueron impedidos de ejercer ese derecho.
Las reclamaciones llegaron al Consejo Superior del Ministerio Público y al Consejo Académico, los cuales intervinieron para que se respetaran las bases del proceso y se permitieran las revisiones correspondientes.
Los denunciantes, que prefirieron mantener el anonimato, señalaron que la rectora de la ENMP se habría extralimitado en sus funciones, asumiendo un rol autoritario en lugar de limitarse a la gestión administrativa.
“Se extralimitó a tomar atribuciones avasallantes, humillando a profesionales, amenazando a empleados y creando una tensión que retumbó en cada rincón institucional”, expresaron.
Con este escenario, los participantes reclaman que la Procuraduría General de la República intervenga de manera directa para garantizar transparencia, respeto a los derechos de los concursantes y el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público.
