Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – La comunicadora Danylsa Vargas cuestionó la figura del delito de ultraje a funcionarios públicos, al considerar que su redacción podría entrar en conflicto con el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República Dominicana.
Vargas explicó que la normativa establece como ultraje la emisión de palabras, amenazas, escritos, imágenes, gestos u otras acciones que puedan interpretarse como contrarias a la dignidad de un funcionario o de las funciones que desempeña.
A su juicio, esta disposición fue concebida para otorgar una protección especial a quienes ejercen funciones públicas, lo que, según argumentó, genera un conflicto con el derecho a la igualdad.
“La Constitución Dominicana lo primero que establece es el principio de igualdad. No puede existir un privilegio en el trato de alguien simplemente porque es un funcionario público sobre los derechos de los demás ciudadanos”.
La comunicadora sostuvo que el alcance del artículo es tan amplio que incluso podría dar lugar a interpretaciones subjetivas sobre determinados gestos o expresiones dirigidas a un servidor público.
“Ese artículo no deja ni lo mínimo a la imaginación. Habla hasta de señas no públicas. Es decir, hasta una mirada podría interpretarse como una amenaza si un funcionario así lo entiende”.
Vargas consideró que cualquier disposición legal debe garantizar el equilibrio entre la protección de los funcionarios y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente la igualdad ante la ley y la libertad de expresión.
