Sentencia de la Jurisdicción Inmobiliaria habría establecido que el financiamiento no fue desembolsado en su totalidad y ordenó levantar las hipotecas sobre 55 de los 73 inmuebles afectados originalmente como garantía.
El Pregonero, Santo Domingo.– El empresario Daniel Cordero Guerrero se dispone a llevar ante las autoridades una controversia financiera relacionada con un pagaré por US$908,500, instrumentado en el marco de una operación de préstamo por US$1 millón, de la cual, según una decisión de la Jurisdicción Inmobiliaria citada por su representación, solo habrían podido acreditarse desembolsos por aproximadamente US$253,035.
La diferencia entre estas cantidades constituye el principal cuestionamiento de Cordero y de su equipo legal, que busca determinar cuánto dinero fue efectivamente entregado y cuál es el soporte financiero del pagaré posteriormente utilizado en actuaciones vinculadas a la operación.
En el conflicto figura J. Armando López Holding Group, S.R.L., sociedad que intervino como financiadora, así como Rafael Antonio Martínez Mendoza, señalado en la documentación como su representante.
Cordero sostiene que no desconoce cualquier obligación que pueda ser legítimamente demostrada, pero reclama que las cantidades exigidas estén respaldadas mediante transferencias, cheques, estados bancarios y otros documentos capaces de establecer la trazabilidad del dinero.
Un préstamo por US$1 millón
La operación se remonta al 21 de abril de 2023, cuando fue formalizado un contrato mediante el cual J. Armando López Holding Group, S.R.L. se comprometía a financiar con US$1 millón la continuación de un proyecto inmobiliario ubicado en la región Este del país.
Como garantía del financiamiento fueron afectados inicialmente 73 inmuebles. El acuerdo contemplaba un plazo de doce meses y una tasa de interés del 2 % mensual.
Sin embargo, de acuerdo con la posición de Cordero y la decisión judicial que cita su representación, el monto total contemplado en el contrato no habría sido desembolsado.
La controversia llegó posteriormente a la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia, donde fueron examinados documentos y movimientos financieros vinculados a la operación.
Según la sentencia invocada por Cordero, los desembolsos acreditados ascendieron aproximadamente a US$253,035, una cantidad considerablemente inferior al US$1 millón establecido originalmente.
Como consecuencia, el tribunal habría ordenado levantar las hipotecas que pesaban sobre 55 de los 73 inmuebles afectados inicialmente como garantía.
El pagaré por US$908,500
El punto que ahora genera nuevos cuestionamientos es que el mismo día de la formalización del préstamo también habría sido instrumentado un pagaré notarial por US$908,500.
La representación de Cordero sostiene que este documento no correspondía a un segundo préstamo ni a una operación financiera independiente, sino que formaba parte del mismo financiamiento hipotecario.
De acuerdo con esa interpretación, el contrato establecía que el pagaré debía corresponder al monto efectivamente desembolsado.
Ante esta situación, los abogados del empresario plantean una interrogante: si durante el proceso judicial solo pudieron acreditarse aproximadamente US$253 mil en desembolsos, ¿cuál es el soporte financiero de un pagaré por US$908,500?
Cordero niega haber recibido dos préstamos independientes y sostiene que nunca recibió US$1 millón y, adicionalmente, otros US$908,500.
Su equipo legal considera que, si los US$908,500 fueron efectivamente entregados, debe existir documentación financiera que permita establecer el origen del dinero, las fechas de las transferencias, las cuentas receptoras y los beneficiarios.
Según Cordero, el asunto cobra mayor importancia debido a que el pagaré estaría siendo utilizado actualmente como fundamento para actuaciones dirigidas a afectar bienes relacionados con la operación.
“Si fueron US$908,500, que aparezcan los US$908,500. Que se identifiquen las transferencias, las cuentas, los cheques, las fechas y los beneficiarios. Si el dinero fue entregado, tiene que existir una trazabilidad que permita demostrarlo”, sostiene su representación legal.
El expediente coloca así tres cifras en el centro de la controversia: US$1 millón, correspondiente al financiamiento originalmente contratado; aproximadamente US$253,035, que la parte de Cordero señala como los desembolsos acreditados en el proceso judicial; y US$908,500, correspondientes al pagaré notarial.
La controversia que el empresario pretende llevar ante las autoridades buscará establecer la relación entre estas cantidades y determinar documentalmente cuál fue el monto realmente desembolsado y qué obligación económica subsiste.
La pregunta planteada por Cordero y sus abogados es concreta: ¿dónde están los US$908,500 que respaldarían el pagaré?
