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Cuestionan liderazgo del director de la Policía Nacional y denuncian mayor influencia de Faride Raful en la institución

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Por Kelvin Ortiz Faña


El Pregonero, Santo Domingo.– Los recientes casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional han reavivado el debate sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión, disciplina y reforma dentro de la institución, al tiempo que han generado cuestionamientos sobre el liderazgo del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz y la influencia que, según diversas fuentes, ejerce la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en las decisiones del cuerpo del orden.

El hecho más reciente corresponde a la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, un caso que ha generado indignación en la opinión pública y que ha vuelto a colocar bajo escrutinio el comportamiento de algunos miembros de la institución policial.

Un alto oficial policial, que habló bajo condición de anonimato con El Pregonero, aseguró que existe desmotivación entre numerosos agentes debido a que, según afirmó, muchas de las directrices que reciben provienen del Ministerio de Interior y Policía, por encima de la cadena tradicional de mando de la institución.

El caso de Mercado Reyes se suma a otros incidentes registrados en las últimas semanas en los que ciudadanos han denunciado presuntos abusos policiales, alimentando el debate sobre el cumplimiento de los protocolos de actuación y el respeto a los derechos fundamentales.

Diversos analistas y representantes de la sociedad civil han señalado que la repetición de estos episodios evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, mejorar la capacitación de los agentes y garantizar una efectiva rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional.

También han surgido cuestionamientos sobre los resultados de la reforma policial impulsada por el Gobierno, al considerar que hechos de esta naturaleza afectan la confianza de la ciudadanía y ponen en duda los avances anunciados en materia de profesionalización, transparencia y respeto a los derechos humanos.