Editorial

¿Cuántos informes más hacen falta?

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@abrilpenaabreu

El 99.5 % de los motociclistas dominicanos estaría conduciendo sin la licencia correspondiente. Pero a estas alturas yo tengo una pregunta: ¿cuántos informes más necesita el Estado dominicano para enterarse de un problema que el propio Estado lleva años documentando?

Porque ya esto comienza a parecer un ejercicio burocrático: se cambia la fecha, se actualizan las cifras, se presenta el informe, nos escandalizamos durante dos días… y seguimos exactamente igual.

Y hay un principio elemental: nadie puede prevalerse de su propia falta.

Si después de años de estadísticas, operativos, planes, mesas de trabajo, anuncios y campañas todavía tenemos semejantes niveles de informalidad, el dato no habla solamente del motorista que incumple la ley, habla también de la capacidad del Estado para hacerla cumplir.

¿Dónde han estado el Intrant, la Digesett, la DGII, Interior y Policía y los ayuntamientos? Porque aquí no estamos hablando de unos cuantos motores escondidos en un barrio. La DGII reportó 6.6 millones de vehículos registrados al cierre de 2025 y casi el 58 % eran motocicletas. Estamos hablando del componente mayoritario del parque vehicular dominicano.

Y mientras ese parque crece, repetimos las mismas discusiones: motociclistas sin licencia, sin casco, sin seguro, sin placa o documentación adecuada; violaciones de semáforos, circulación en vía contraria y una participación desproporcionada de las motocicletas en las muertes del tránsito.

Entonces, ¿para qué seguimos diagnosticando lo que conocemos de memoria? Incluso aquí hay preguntas que el Intrant debe responder. Este mismo año anunció miles de nuevas licencias categoría 1 como resultado del proceso de regularización. Si ahora se informa que apenas unos 19 mil motociclistas tienen licencia frente a más de 3.8 millones de motocicletas registradas, hay que explicar exactamente qué universo se está comparando y cómo se construyó ese 99.5 %.

Porque las estadísticas públicas también tienen que cuadrar, pero aun suponiendo que el porcentaje sea metodológicamente impecable, el problema de fondo permanece: un país no puede normalizar que prácticamente todo un sector del transporte opere fuera de una obligación tan básica como estar habilitado para conducir.

Y esto no afecta solamente al motorista, lo pagamos todos. Lo paga el Servicio Nacional de Salud cuando recibe lesionados graves. Lo paga una familia cuando pierde a quien producía los ingresos de la casa. Lo paga una empresa cuando un trabajador queda incapacitado. Lo paga el sistema de seguridad social. Y lo paga cualquier ciudadano que termine involucrado en un accidente con una persona sin licencia, sin seguro o sin documentación en regla.

Por eso ya no necesitamos otro informe diciéndonos que tenemos un problema, necesitamos metas. ¿Cuántos motociclistas serán regularizados en seis meses? ¿Cuántos en un año? ¿Qué ocurrirá con las motocicletas sin placa? ¿Cómo se hará accesible la obtención de la licencia en todo el territorio? ¿Cómo se fiscalizará después? ¿Qué institución será responsable de cada etapa? ¿Y dónde podremos consultar mensualmente si esas metas se están cumpliendo?

Porque fiscalizar sin facilitar la regularización sería simplemente recaudar multas, pero facilitar eternamente sin fiscalizar sería premiar el incumplimiento. Hay que hacer ambas cosas.

El Estado dominicano lleva demasiado tiempo describiendo este problema, ya sabemos lo que está mal, lo que necesitamos saber ahora es cuándo piensan arreglarlo.