@abrilpenaabreu
La Policía Nacional vuelve a estar en el centro del debate, y esta vez no se trata de cómo fue detenido un ciudadano sino de algo mucho más grave: qué ocurrió mientras estaba bajo control absoluto del Estado.
Según la denuncia de sus familiares, el hombre fue arrestado por una presunta infracción relacionada con la venta de números utilizando un verifón, permaneció varios días detenido sin que sus parientes pudieran verlo, y solo cuando su condición de salud se deterioró gravemente fue trasladado a un centro médico donde finalmente falleció. La familia sostiene que presentaba múltiples lesiones, fiebre alta y vómitos con sangre, y denuncia que habría sido agredido dentro del destacamento. Todo eso deberá establecerlo la investigación, y hay que decirlo con esa precisión antes de juzgar, pero existe una realidad que no admite discusión independientemente de lo que concluya el expediente: cuando una persona entra viva a un destacamento policial, el Estado adquiere una responsabilidad absoluta sobre su integridad física, no importa si es culpable o inocente, no importa el delito que se le atribuya, porque mientras permanece detenido su vida depende exclusivamente de quienes tienen su custodia.
Por eso estos casos golpean tan profundamente la confianza pública. Porque no estamos hablando de un enfrentamiento en una persecución ni de una bala perdida en un operativo, sino de lo que ocurre dentro de una institución cuya función precisamente es proteger la ley, en un espacio donde el ciudadano no puede defenderse, no puede llamar a nadie y no puede irse.
Este tampoco sería un hecho aislado. La memoria colectiva todavía recuerda a David de los Santos, cuyo fallecimiento tras permanecer detenido en el destacamento de Naco se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia bajo custodia en la historia reciente del país, provocó condenas judiciales e investigaciones profundas, y se convirtió en uno de los principales argumentos para acelerar la reforma policial. La pregunta que ese caso dejó abierta y que este nuevo caso vuelve a formular es inevitable: ¿cuántos más necesita República Dominicana para entender que la reforma policial no puede medirse por uniformes nuevos, patrullas modernas o mejores salarios?
La verdadera reforma se mide en los destacamentos. Se mide en el trato al ciudadano cuando no hay cámaras. Se mide en el respeto a los derechos humanos de alguien que no tiene cómo defenderse. Se mide en que nadie vuelva a salir de una celda rumbo a una sala de emergencias. Las reformas institucionales no fracasan cuando falta presupuesto, fracasan cuando la cultura organizacional permanece intacta, cuando los protocolos existen en el papel pero no en la práctica, cuando la supervisión interna depende de la voluntad del momento y no de mecanismos que funcionen independientemente de quién esté a cargo.
Y quizás la mayor derrota de todas no es el caso en sí sino lo que revela sobre el estado de la confianza ciudadana: que una parte importante de la población ya no se sorprende cuando escucha una denuncia de abuso policial, que lo procesa con una resignación que no debería ser normal en ninguna democracia.
La Policía Nacional realiza una labor indispensable y miles de agentes cumplen su deber con honestidad todos los días, y precisamente por respeto a ellos los abusos deben investigarse con rapidez y transparencia, porque proteger el prestigio de una institución no consiste en ocultar a quienes violan la ley sino en separarlos y sancionarlos cuando corresponda. Una democracia fuerte necesita una policía fuerte, pero también necesita una policía que inspire confianza y esa confianza solo se construye cuando cada ciudadano sabe que, sin importar la razón de su detención, entrará vivo a un destacamento y saldrá vivo de él.
