@abrlpenaabreu
Si en República Dominicana existe un caso que resume la tragedia de que un miembro de la familia decida delinquir, ese es el del juez José María Vásquez Montero. Treinta años —tres décadas enteras— de trabajo, estudio, sacrificio y reputación construida día tras día… tiradas por la borda en cuestión de horas. No por una falta propia, sino por la decisión criminal de un hijo que, según todo lo que se conoce, lo tuvo todo: educación, oportunidades, estructura familiar, techo y guía.
Pero nada de eso fue suficiente. El sistema dominicano está lleno de historias donde el origen pesa más que el presente, donde la sombra de un apellido es capaz de anular incluso la biografía más limpia. Y hoy le toca vivirlo a un juez cuya trayectoria, hasta donde es de conocimiento público, había sido respetada. Sin embargo, la sociedad no perdona la cercanía familiar con el crimen, aunque las responsabilidades sean estrictamente individuales.
Y aquí está el punto más grave. Porque no se trata solo del juez. También está involucrada la diputada, aún esposa del joven pedido en extradición. En un país donde la confianza en las instituciones ya se tambalea, ver que los padres, o los cónyuges, de presuntos narcotraficantes ocupan espacios de poder envía un mensaje desastroso. Aunque legalmente ellos no tengan culpa, simbólicamente todo queda contaminado. Y, tristemente, en política lo simbólico pesa tanto como lo real.
La tragedia no es solo jurídica, es moral. Aquí se evidencia lo que tantas veces hemos dicho: la delincuencia es estructural, y cuando una familia no enfrenta a tiempo los primeros signos —o cuando el Estado no ofrece seguimiento, acompañamiento y herramientas— el resultado es este. Un joven que elige el camino fácil, y una familia entera arrastrada por el lodo.
Porque, sí, las culpas son individuales, pero las consecuencias, en este país, nunca lo son.
El juez y la diputada no podrán levantar cabeza. No porque no lo merezcan, no porque hayan cometido delito alguno, sino porque esta sociedad nuestra —tan dura para unas cosas y tan permisiva para otras— lee entre líneas, sospecha por naturaleza y asume que donde hay humo, siempre hay fuego. Y ese estigma no lo borra ni una sentencia ni un expediente limpio.
Quizás este caso sirva para abrir un debate más profundo sobre la responsabilidad colectiva, sobre el acompañamiento familiar, sobre cómo prevenir que un hijo con todas las oportunidades termine convirtiéndose en la ruina moral de quienes lo formaron.
Pero sobre todo, debería servir para recordar que el crimen no destruye solo al que delinque. Destruye a todos los que están alrededor… incluso a los inocentes.
