Miren, uno entiende que en política hay límites, protocolos y hasta válvulas de escape. Pero lo que pasó con el alcalde del distrito municipal de las Lagunas de Nisibón, Rubén Montás, el ejecutivo municipal que protestó frente al presidente Luis Abinader y luego terminó preso en menos que canta un gallo, eso sí que no hay forma de maquillarlo.
Y lo dijo Roberto Rosario sin anestesia: “¡Pero ni Trujillo!”
Un funcionario local no puede expresar una inconformidad —ante el propio presidente, que se supone debe escuchar a su gente— y terminar esposado como si hubiese cometido un crimen de alta traición.
¿Dónde quedó la libertad de expresión? ¿En qué artículo dice que criticar al presidente es delito? ¿Quién fue el genio que pensó que la mejor respuesta a una protesta es una cárcel?
Este país ha avanzado mucho, pero cuando pasan cosas como esta, hay que decirlo sin miedo: la democracia no se mide por los discursos, sino por lo que pasa cuando alguien disiente.
Aquí nadie está pidiendo caos ni irrespetos.
Pero si un ciudadano no puede reclamar, ¿de qué sirve la institucionalidad que tanto se presume?
