Luis matias l Economista
En los últimos años, América Latina y el Caribe han atravesado una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que se ejerce el poder político. La política, concebida históricamente como el espacio destinado a canalizar las demandas sociales y proteger el interés colectivo, parece haber cedido terreno frente a una lógica dominada por intereses económicos privados. Este fenómeno no solo redefine las prioridades de los gobiernos, sino que también explica buena parte del desencanto ciudadano, la pérdida de confianza institucional y el deterioro de la calidad democrática en la región.
Tradicionalmente, la relación entre política y economía estuvo marcada por tensiones y negociaciones. El Estado actuaba como regulador del mercado y, al menos en teoría, como garante del bienestar general. Sin embargo, en el contexto actual, esa relación se ha invertido; en muchos países, los partidos políticos y los gobiernos operan cada vez más como extensiones de intereses económicos que buscan influir, capturar decisiones públicas y beneficiarse del acceso al poder estatal, la política ya no regula a la economía; con frecuencia, es la economía la que dicta las reglas de la política.
Este proceso no es exclusivo de un país ni de una ideología. Se trata de una dinámica regional ampliamente documentada por analistas y politólogos. El concepto de “captura del Estado” describe con precisión cómo actores privados influyen de manera sistemática en la formulación de leyes, políticas públicas y decisiones administrativas, orientándolas a su favor, en este contexto, la democracia formal sigue existiendo, pero su contenido se vacía progresivamente.
El politólogo Kurt Weyland ha señalado que la corrupción en América Latina no debe entenderse únicamente como una desviación individual, sino como un fenómeno político estructural que altera la relación entre gobernantes y gobernados, cuando el poder público se utiliza para beneficiar a grupos específicos, la ciudadanía deja de percibir al Estado como un árbitro imparcial y comienza a verlo como un botín disputado por élites políticas y económicas.
Uno de los principales mecanismos que facilita esta captura es el financiamiento privado de la política. Las campañas electorales modernas son extremadamente costosas, la competencia mediática, el uso intensivo de redes sociales, la publicidad tradicional y las estructuras territoriales requieren recursos que superan con creces las capacidades financieras de la mayoría de los partidos. Ante esta realidad, los candidatos recurren al apoyo de empresarios y grupos económicos que no actúan por compromiso cívico, sino por cálculo racional.
Para muchos financistas, apoyar campañas políticas se ha convertido en una inversión altamente rentable. El retorno no siempre se produce de manera directa o inmediata, pero suele materializarse en contratos de obras públicas, concesiones, exenciones fiscales, flexibilización de regulaciones o trato preferencial en procesos administrativos. Se trata de un intercambio implícito que, aunque difícil de probar legalmente, es ampliamente reconocido por la opinión pública.
Este modelo convierte a los grandes aportantes en actores centrales del sistema político, aun cuando no han sido electos ni rinden cuentas a la ciudadanía, la toma de decisiones deja de responder a criterios técnicos o sociales y pasa a estar condicionada por compromisos adquiridos durante las campañas. De esta forma, la economía privada penetra el corazón mismo del poder político.
Paralelamente, se ha extendido una visión profundamente utilitaria del servicio público, en lugar de concebir la política como una vocación orientada al bien común, muchos actores la entienden como una oportunidad de ascenso económico y social. Acceder a un cargo público significa controlar presupuestos, influir en decisiones estratégicas y favorecer redes de aliados políticos, familiares y empresariales este comportamiento ha sido recurrente en numerosos países de la región, donde escándalos de corrupción revelan patrones similares: sobrevaluación de obras, empresas vinculadas a funcionarios, uso clientelar del gasto público y enriquecimiento injustificado diciendo de forma implícita a la sociedad gobernar no es servir, sino aprovecharse.
Nuestro país no ha estado ajena a estas dinámicas. Aunque hemos mantenido estabilidad política y crecimiento económico en las últimas décadas, también ha enfrentado serios cuestionamientos sobre la calidad de su sistema democrático y el uso de los recursos públicos. Casos de corrupción de alto perfil han expuesto la estrecha relación entre poder político y grandes intereses económicos, alimentando una creciente indignación social.
Los escándalos de Odebrecht, antipulpos, falcón y ahora el mayor de todo el caso senasa han marcado un antes y un después en la conciencia ciudadana. Las revelaciones sobre soborno, enriquecimientos ilícitos y contratos irregulares pusieron en evidencia prácticas que muchos sospechaban, pero pocos veían confirmadas. La respuesta social no se hizo esperar, las movilizaciones expresaron un rechazo contundente a la impunidad y al uso de la política como instrumento de enriquecimiento.
La politóloga Jacqueline Jiménez Polanco ha analizado este proceso señalando que en la República Dominicana los partidos tienden a funcionar como “partidos cartel”, organizaciones que dependen del acceso a recursos estatales para mantenerse y que priorizan la lealtad y el clientelismo por encima de la ideología y los proyectos de país. En este modelo, la competencia política pierde profundidad y se reduce a la lucha por controlar el aparato del Estado.
Uno de los efectos más preocupantes de esta situación es el debilitamiento de los partidos políticos como espacios de representación social, la militancia se reduce, la formación política desaparece y la ideología se diluye; las campañas se convierten en ejercicios de mercadeo, donde importa más la imagen que el contenido y más el financiamiento que las propuestas.
Como consecuencia, la ciudadanía se siente cada vez más distante de la política. La percepción de que “todos los políticos son iguales” alimenta la apatía, reduce la participación electoral y normaliza el cinismo. Cuando la corrupción se percibe como inevitable, la democracia pierde su capacidad transformadora y se convierte en una formalidad vacía.
A pesar de este panorama, la subordinación de la política a la economía no es un destino inevitable; la experiencia regional demuestra que la presión social, el fortalecimiento institucional y la transparencia pueden generar cambios reales. Regular estrictamente el financiamiento de campañas, fortalecer los órganos de control, garantizar la independencia judicial y sancionar efectivamente la corrupción son pasos fundamentales.
Sin embargo, ninguna reforma será suficiente sin un cambio cultural profundo, recuperar la política implica volver a concebirla como un espacio de construcción colectiva y de servicio público, esto significa exigir partidos con identidad programática, líderes comprometidos y ciudadanos activos que no renuncien a su derecho de fiscalizar el poder. Mientras la economía continúe dictando las prioridades de quienes gobiernan, la democracia seguirá siendo frágil. En la República Dominicana y en toda América Latina, el desafío es claro: rescatar la política de los intereses privados y devolverla a quienes debería servir desde el principio, la ciudadanía.
