Por Ramón A. Rodríguez Veras
Hay muertes que no comienzan con un arma, sino con una bocina. Con un roce. Con una mirada desafiante detrás del guía. Con una motocicleta que se atraviesa, un conductor que acelera, un peatón que corre porque nadie se detiene, una discusión que escala en segundos y una autoridad que casi nunca llega a tiempo.
La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos, no debe verse como un hecho aislado ni como un simple pleito de tránsito que terminó mal. Según las informaciones publicadas, el caso se originó tras un presunto roce entre un camión compactador y una motocicleta; luego vino una persecución, la intervención de un grupo de motoristas y una agresión mortal en Santiago. La Policía Nacional informó el apresamiento de ocho personas vinculadas al ataque, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.
Ese crimen indigna, pero también retrata algo más profundo: en República Dominicana la vía pública se ha convertido en uno de los escenarios más cotidianos de violencia. No solo por los accidentes, sino por la forma en que se conduce, se reclama, se amenaza, se persigue, se insulta y se castiga. La calle dejó de ser únicamente un espacio de movilidad; en muchos puntos del país, especialmente en Santo Domingo, se ha convertido en un territorio de disputa.
El problema no son “los motoristas”, dicho así, en bloque, como si todos fueran iguales. Esa simplificación sería injusta y peligrosa. Miles de personas viven honradamente del motoconcho, del delivery, del transporte informal o del uso de una motocicleta para trabajar. Pero también sería irresponsable negar que una parte del caos vial dominicano tiene en la motocicleta sin regulación efectiva una de sus expresiones más visibles: conducción en vía contraria, zigzagueo entre vehículos, irrespeto al semáforo, falta de casco, exceso de pasajeros, menores conduciendo, ausencia de placa visible, maniobras temerarias y una relación casi inexistente con la licencia de conducir.
El punto central es otro: la violencia vial dominicana es un sistema, no una anécdota.
Se expresa en el motorista que cruza en rojo, pero también en el conductor de yipeta que acelera frente al peatón. En el chofer de transporte público que se detiene donde quiere. En el camión que transita sin condiciones adecuadas. En el conductor que bebe y maneja. En quien usa el vehículo como instrumento de intimidación. En el peatón obligado a lanzarse a una avenida porque el puente peatonal está lejos, inseguro o mal diseñado. En la avenida sin señalización. En el agente que fiscaliza un día y desaparece tres. En la multa que no duele, no se cobra o se negocia.
Santo Domingo vive esa violencia todos los días. Basta observar la John F. Kennedy, la 27 de Febrero, la Máximo Gómez, la Charles de Gaulle, la Núñez de Cáceres, la Independencia, la Luperón, la Jacobo Majluta o cualquier entrada y salida del Gran Santo Domingo. El tránsito no funciona como un sistema de reglas compartidas, sino como una competencia permanente por imponerse. Gana quien se mete primero, quien toca más bocina, quien intimida más, quien bloquea el paso, quien se atreve a violar la norma antes que el otro.
Esa cultura vial mata. Y antes de matar, enferma, empobrece, mutila, genera miedo y deteriora la convivencia.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en República Dominicana las muertes y lesiones por tránsito afectan especialmente a la población económicamente activa, con una alta participación de usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes. También ha advertido que el costo económico de esta problemática ronda el 2.21 % del PIB, una cifra enorme para un país que necesita invertir más en salud, educación, transporte, seguridad y prevención.
No estamos hablando solamente de choques. Estamos hablando de camas hospitalarias ocupadas, cirugías costosas, familias endeudadas, hogares que pierden su principal sostén, jóvenes con discapacidad permanente, niños huérfanos, empresas afectadas, aseguradoras presionadas y un Estado que paga las consecuencias de no haber prevenido.
La seguridad vial, por tanto, no puede seguir tratándose como una campaña de Semana Santa o Navidad. Tampoco como un tema decorativo de educación ciudadana. Es seguridad pública. Es salud pública. Es política social. Es ordenamiento urbano. Es justicia. Es autoridad.
El propio Ministerio de Salud ha reconocido, con apoyo de la OPS, que los siniestros de tránsito generan pérdidas humanas irreparables y una carga significativa para el sistema sanitario. La OPS también ha indicado que República Dominicana continúa entre los países con mayores muertes por esta causa en la región de las Américas, prácticamente duplicando la tasa regional de mortalidad.
Entonces hay que decirlo sin rodeos: un país que tolera el caos vial está aceptando una forma lenta de violencia colectiva.
La muerte del chofer del camión compactador revela una dimensión adicional: la facilidad con que un conflicto vial se convierte en linchamiento. Ese salto del roce al ataque, de la discusión a la persecución, de la infracción al crimen, muestra que el problema no está solo en el tránsito. Está también en la forma en que parte de la sociedad dominicana resuelve conflictos: por presión, por grupo, por rabia, por fuerza, por “ajuste” inmediato.
Ahí es donde la violencia vial se cruza con la violencia social.
Cuando un conductor siente que puede perseguir a otro; cuando una multitud se cree tribunal; cuando el celular graba antes que auxiliar; cuando el miedo sustituye a la autoridad; cuando nadie espera a la DIGESETT, a la Policía, al 9-1-1 o al Ministerio Público, lo que tenemos no es solo desorden vehicular. Tenemos una fractura de convivencia.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a “controlar motoristas”. Hay que controlar el sistema completo.
Primero, fiscalización real. No operativos simbólicos. No retenes improvisados solo para mostrar presencia. Fiscalización permanente, con tecnología, cámaras, lectura de placas, alcoholímetros, control de velocidad y consecuencias acumulativas. La ley que no se aplica se convierte en sugerencia.
Segundo, licencia y registro. No debe circular quien no sabe conducir, quien no tiene licencia, quien no tiene placa, quien no puede ser identificado o quien usa un vehículo como arma de presión. Esto aplica para motocicletas, carros, camiones, autobuses y vehículos oficiales. La informalidad vial es una fábrica de impunidad.
Tercero, intervención seria sobre las motocicletas. No desde el prejuicio, sino desde la política pública. Casco certificado, licencia obligatoria, seguro, chaleco o identificación en actividades comerciales, control de menores, regulación de delivery, paradas organizadas y sanciones a quienes conviertan la moto en instrumento de desorden o violencia.
Cuarto, protección del peatón. Santo Domingo es una ciudad agresiva con quien camina. Aceras ocupadas, cruces inseguros, semáforos ignorados, motores sobre contenes, vehículos estacionados donde no deben y avenidas diseñadas como si el peatón fuera un estorbo. Una ciudad que no protege al peatón no puede llamarse moderna.
Quinto, educación vial desde la escuela, pero también desde la licencia. No basta con repetir anuncios. Hay que enseñar normas, convivencia, responsabilidad penal, efectos del alcohol, derechos del peatón, manejo defensivo y consecuencias de la conducción agresiva. La OPS informó que el país inició consultas para el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con participación de 121 entidades, y que el pacto nacional compromete la reducción de muertes y traumatismos por tránsito en al menos 50 % durante ese período. Esa meta exige ejecución, no discursos.
Sexto, régimen de consecuencias. La violencia vial debe tener consecuencias proporcionales: suspensión de licencias, retención de vehículos, multas cobrables, sanciones penales cuando corresponda y responsabilidad para empresas o instituciones que permitan conductas riesgosas en sus flotillas. La reincidencia debe pesar. El que convierte la vía pública en amenaza no puede seguir conduciendo como si nada.
Séptimo, datos confiables y públicos. Sin estadísticas claras, el país discute con percepciones. Hay que saber dónde mueren más personas, en qué horarios, en qué tipos de vía, con qué vehículos, bajo qué condiciones, cuántos tenían licencia, cuántos usaban casco, cuántos casos involucraron alcohol y cuántas sanciones terminaron realmente pagadas o judicializadas.
La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada no puede quedar reducida al expediente penal de sus agresores. Debe servir para abrir una conversación más irritante: ¿qué tipo de autoridad existe en nuestras calles?, ¿quién manda realmente en las avenidas?, ¿la ley o el más temerario?, ¿el semáforo o la bocina?, ¿la ciudadanía o la turba?
Santo Domingo no necesita más discursos sobre “conciencia”. Necesita orden justo. Necesita fiscalización sin abuso, pero sin miedo. Necesita transporte público digno para reducir la dependencia del caos informal. Necesita calles diseñadas para preservar la vida. Necesita jueces, fiscales, agentes, alcaldías, escuelas, aseguradoras, empresas de delivery, sindicatos de transporte y ciudadanos empujando hacia el mismo lado.
La violencia vial se subestima porque ocurre en pedazos: un choque aquí, un atropello allá, una discusión en una esquina, una moto en vía contraria, una familia llorando en un hospital. Pero al juntarlo todo, el cuadro es brutal.
No es normal vivir así. No es normal cruzar una calle con miedo. No es normal que manejar sea una batalla. No es normal que una discusión de tránsito termine en muerte. No es normal que la motocicleta sea a la vez herramienta de trabajo, símbolo de supervivencia y, en demasiados casos, vehículo de anarquía. No es normal que la autoridad aparezca después del entierro.
La seguridad vial debe dejar de ser vista como un asunto menor de tránsito. Es una política de vida o muerte.
Y en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, ya no basta con preguntarnos cuántos accidentes hubo. La pregunta verdadera es más dura: ¿cuántas muertes más necesita el país para admitir que la calle también se ha convertido en escenario de violencia?
