De buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno.
El gobierno ha intentado —con lógica comprensible — reducir el “efecto llamada” que implica que los servicios de salud dominicanos estén disponibles de forma gratuita para todos, incluyendo a las parturientas haitianas o de cualquier otra nacionalidad. Sin embargo, se ha olvidado de algo esencial: la República Dominicana no tiene derecho al error, aunque sea triste admitirlo. Haití disfruta del monopolio de la lástima y con sobradas razones.
Cada acción, cada protocolo, cada funcionario desplegado en un hospital debe estar no solo entrenado, sino dotado de sentido común y capacidad de discernimiento. Porque un solo fallo puede llevarnos directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, peor aún, desatar una tormenta mediática global que borre de un plumazo el principio de soberanía que intentamos ejercer y dañar nuestra marca país para siempre, aunque suene a tremendismo.
Esta semana, en el primer día del nuevo protocolo migratorio en hospitales, todo debió ser impecable. Pero el debut fue un escándalo: una mujer supuestamente en labor de parto fue subida a una guagua de Migración. La denuncia corrió como pólvora, y con razón: de ser cierto, no estaríamos ante una simple irregularidad administrativa, sino frente a una flagrante violación de derechos humanos, un acto inhumano que ningún dominicano en su sano juicio podría respaldar.
Y lo más grave: nadie sabe todavía qué fue lo que realmente ocurrió.
Las autoridades han ofrecido ya al menos tres versiones distintas, cada una peor que la anterior. La única constante es la imagen de una mujer caminando lentamente hacia una guagua de Migración. Si esa mujer estaba efectivamente en labor de parto, el personal que ejecutó esa acción debe ser destituido de inmediato. No tienen las competencias mínimas —ni técnicas ni humanas— para trabajar en un área tan delicada.
Si, por el contrario, no estaba en labor de parto, el Estado debió aclararlo de forma definitiva. ¿Tan difícil es decir la verdad? Un video que resguarde su identidad, un parte médico, una declaración oficial que cierre el tema con seriedad. Porque sea mentira o verdad, esa mujer debe estar aún en el país, no es física cuántica.
El segundo día no fue mejor Laritza de los Santos Dominicana, menor de edad por lo tanto sin cédula, nada obliga a que ande con el acta de nacimiento encima, mientras ella y su hija están detenidas y cuando a la postre las suelten, para su casa y ni un excúsame por las molestias recibidas pero y si no es verdad tampoco se aclara, peor aún se supone que hay un expediente médico, no incluye este la edad de la madre? Costaba entrar al hospital e investigar antes de? O el protocolo se basa en a quien se le parezca haitiano al personal de Migración ?
Los errores se pagan. Pero la República Dominicana ya está pagando demasiado por la inacción acumulada de años, por no haber diseñado antes un sistema migratorio sostenible. No debemos permitir que un derecho legítimo —como lo es la aplicación de un protocolo migratorio en hospitales— se vea empañado por una torpeza que pudo prevenirse con empatía y planificación.
Los dominicanos no pedimos perfección. Pedimos algo más sencillo: que si vamos a aplicar la ley, lo hagamos con humanidad y correctamente y si nos equivocamos, lo admitamos con dignidad, que a larga es la mejor defensa.
