Periodista Carlos Del Pozo
Mejorar la cobertura de medicamentos es una aspiración legítima, pero cualquier reforma debe partir de cómo funciona realmente el sistema y garantizar primero los recursos necesarios para sostenerla.
La diputada Indhira De Jesús, representante de Santo Domingo Oeste, anunció que sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que dispone la acumulación anual de los montos destinados a medicamentos que no sean utilizados por los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud.
En términos prácticos, la iniciativa procura que la parte no consumida de la cobertura anual de RD$12,000 pueda conservarse para períodos posteriores.
De aprobarse una disposición de esa naturaleza sin crear previamente las fuentes de financiamiento necesarias, esta podría convertirse en la forma más rápida de quebrar financieramente el sistema.
La razón es sencilla: se transformaría una cobertura anual en una obligación acumulativa, haciendo crecer cada año los compromisos económicos de la seguridad social sin garantizar que aumenten en igual proporción los recursos disponibles para responder por ellos.
Para comprender el problema hay que precisar que los RD$12,000 para medicamentos no son un depósito que la seguridad social realiza anualmente en una cuenta individual de cada afiliado.
No existen RD$12,000 guardados esperando que una persona decida utilizarlos. Lo que existe es una cobertura que le permite acceder a medicamentos hasta ese límite durante el período establecido.
Por eso, si un afiliado utiliza RD$2,000 durante el año, no significa que tenga RD$10,000 ahorrados o depositados en algún lugar.
Significa que consumió RD$2,000 de una cobertura cuyo límite era RD$12,000 y convertir mediante una ley los RD$10,000 no utilizados en un saldo para el próximo año cambiaría la naturaleza de esa prestación y obligaría al sistema a respaldar financieramente una cobertura acumulada que originalmente no fue concebida como ahorro individual.
El problema adquiere otra dimensión cuando deja de observarse desde un afiliado y se proyecta sobre millones.
Una persona que no utilice su cobertura podría disponer de RD$24,000 al segundo año y RD$36,000 al tercero.
Multiplicada esa obligación por la cantidad de afiliados, el sistema tendría que reconocer compromisos crecientes que requerirían recursos adicionales para ser sostenibles.
Precisamente por eso, una modificación semejante necesita estudios actuariales que determinen su costo y establezcan quién aportaría el dinero necesario.
Este caso permite abordar un peligro mayor: el populismo legislativo frente a cuestiones sensibles del Estado.
Una propuesta puede resultar popular porque ofrece al ciudadano un beneficio fácilmente comprensible, pero la responsabilidad de un legislador no termina identificando lo que la gente desea recibir.
También comprende determinar cuánto cuesta, quién lo financiará y cuáles consecuencias tendrá para los demás ciudadanos.
En materias como salud, pensiones, electricidad, subsidios y seguridad social, las buenas intenciones no sustituyen los cálculos.
Son sistemas que dependen de equilibrios financieros y cualquier modificación puede repercutir sobre millones de personas.
Quienes tienen constitucionalmente la responsabilidad de legislar y proteger el interés general deben ser especialmente cuidadosos antes de transformar una aspiración legítima en una obligación permanente para el Estado.
Esto no significa que la cobertura farmacéutica actual sea suficiente ni que deba permanecer invariable.
República Dominicana necesita discutir cómo aumentar el acceso a medicamentos y disminuir el gasto que soportan directamente las familias.
Gobierno, Congreso, empleadores, trabajadores y demás actores pueden construir una reforma que permita ampliar progresivamente esa protección, siempre que identifiquen los recursos para financiarla.
El populismo se vuelve peligroso cuando presenta el beneficio y esconde la factura.
En la seguridad social, legislar responsablemente significa hacer exactamente lo contrario: determinar primero cuánto cuesta, garantizar cómo se pagará y solamente entonces prometer lo que el sistema realmente pueda cumplir.
