Por Abril Peña
Hay declaraciones que duran un día en redes sociales y otras que, sin proponérselo, revelan estructuras mentales profundas, las palabras publicadas en su tweet por el diputado Jorge Frías pertenecen claramente a la segunda categoría.
Advertir a empleados públicos por supuestamente ofrecer información a medios de comunicación, e incluso sugerir consecuencias políticas si el partido pierde elecciones, no es simplemente un desliz comunicacional, es la expresión de una visión del Estado que en la República Dominicana creíamos estar superando.
Porque el problema no es el diputado, el problema es la cultura política que lo hace sentir que lo que dijo era normal.
Durante décadas la política dominicana ha operado bajo una lógica peligrosa: el empleo público no es un servicio al Estado, sino un beneficio otorgado por el partido gobernante. El funcionario no es un servidor público, es un militante premiado y el salario no es un derecho laboral, sino una concesión política.
Ese modelo fue precisamente el que prometió cambiar la ola de alternancia democrática iniciada en 2020. Por eso declaraciones como estas resultan especialmente delicadas para el oficialismo: contradicen el principal relato que lo llevó al poder.
Un empleado público no pertenece al partido, pertenece al Estado y el Estado no es propiedad del gobierno de turno.
La Constitución dominicana es clara: los servidores públicos tienen derechos laborales, derechos fundamentales y, sobre todo, libertad de expresión. Informar irregularidades, denunciar prácticas administrativas o hablar con la prensa no es traición política; en muchos casos es un acto de responsabilidad cívica.
Más aún: en democracias funcionales, los denunciantes internos —los llamados whistleblowers— son protegidos por la ley, no intimidados desde la política.
Cuando un dirigente político sugiere que el empleo depende de la fidelidad partidaria, revive una práctica que ha sido una de las principales causas del clientelismo, la baja institucionalidad y la corrupción administrativa en el país. Porque si el cargo depende de la obediencia, el funcionario deja de servir a la ciudadanía y comienza a servir al jefe político y ahí es donde se rompe la institucionalidad.
Este episodio, sin embargo, no debe leerse únicamente como un problema del PRM. En realidad, es un problema histórico del sistema político dominicano completo. Todos los partidos, en mayor o menor medida, han reproducido ese patrón cuando han llegado al poder.
Pero el gobierno actual enfrenta un reto mayor: fue electo con la promesa explícita de romper con esa tradición. Por eso el verdadero riesgo no es la declaración en sí, sino la normalización social de ese pensamiento. Si la ciudadanía acepta que un empleo público depende de la lealtad política, entonces la democracia queda reducida a una competencia por repartir nóminas.
Y una democracia que se administra como botín deja de ser democracia y pasa a ser administración de poder. La modernización del Estado dominicano no se mide por carreteras, edificios o tecnología digital. Se mide por algo más sencillo: si un empleado público puede cumplir su trabajo sin miedo político.
Cuando la política exige silencio, la institucionalidad se debilita, cuando el Estado se confunde con el partido, la democracia retrocede.
El desafío del oficialismo no es defender a un dirigente ni atacar a la prensa. Es demostrar, con hechos, que en la República Dominicana el gobierno ya no es dueño del Estado. Porque el país no votó solo por un cambio de administración, si no por la promesa de Luis Abinader de un cambio de visión, votó por un cambio de cultura política.
