@abrilpenaabreu
Cada vez que ocurre una tragedia provocada por alguien que jamás debió estar ejerciendo una actividad para la que no estaba capacitado, la discusión pública suele tomar el camino equivocado. Nos preguntamos quién era el responsable directo, cómo fue posible que engañara a tantas personas o por qué las víctimas confiaron en él. Son preguntas válidas, pero insuficientes.
La verdadera pregunta debería ser otra: ¿cómo llegó esa persona a operar durante tanto tiempo sin que ninguna institución del Estado lo detectara?
Si una persona sin la formación médica correspondiente logra abrir una clínica estética y realizar procedimientos propios de la medicina, no estamos únicamente frente a una actuación individual presuntamente ilegal. Estamos, sobre todo, ante un posible fracaso institucional.
Porque el Estado no solo existe para sancionar después de una tragedia. Existe, sobre todo, para prevenirla. En República Dominicana existen procedimientos y requisitos para la habilitación de establecimientos de salud. Los centros donde se realizan actos médicos deben cumplir normas técnicas, sanitarias y administrativas establecidas por las autoridades competentes. Asimismo, la autorización de uso de suelo, las licencias municipales y otros permisos forman parte del entramado regulatorio que busca precisamente evitar que cualquiera pueda ofrecer servicios que ponen en riesgo la vida de las personas.
La misma lógica aplica a otros sectores. Un centro especializado en terapias para niños con trastorno del espectro autista no solo presta servicios de salud; en muchos casos también desarrolla actividades educativas y de atención especializada. Eso implica responsabilidades regulatorias adicionales. De igual manera, un colegio, un nursery o un centro infantil requieren cumplir requisitos establecidos por las autoridades competentes antes de iniciar operaciones.
Si estos establecimientos funcionan con todas sus autorizaciones, pero aun así ocurren irregularidades graves, entonces el problema apunta hacia la supervisión, las inspecciones y el seguimiento.Pero si funcionan sin las habilitaciones exigidas, la situación es todavía más preocupante: significaría que existen vacíos de fiscalización que permiten operar durante meses o incluso años al margen de los controles establecidos.
En ambos escenarios, la discusión trasciende al infractor individual.
Con demasiada frecuencia trasladamos toda la responsabilidad a las víctimas. Se cuestiona por qué acudieron allí, por qué confiaron, por qué no investigaron más. Sin embargo, una ciudadanía no puede convertirse en inspectora sanitaria, verificadora de licencias, auditora técnica y fiscalizadora permanente del Estado. Precisamente para eso existen las instituciones públicas.
Las autoridades tienen el deber de habilitar, inspeccionar, fiscalizar y, cuando corresponda, clausurar establecimientos que incumplan la ley. Esa función preventiva es tan importante como la persecución penal posterior.
Cada tragedia debería abrir también una investigación administrativa. No basta con determinar quién ejecutó una conducta presuntamente ilegal. También corresponde establecer si hubo omisiones institucionales, fallas en los procesos de inspección o ausencia de controles que permitieran que la situación persistiera. Porque cuando un establecimiento que nunca debió operar permanece abierto durante años, la pregunta ya no es únicamente qué hizo el responsable directo.
La pregunta es quién dejó de hacer su trabajo.
Mientras el debate siga concentrándose exclusivamente en el autor material y no en las debilidades del sistema de control, seguiremos reaccionando a las tragedias una vez ocurridas, en lugar de impedir que vuelvan a repetirse.
Un Estado fuerte no se mide únicamente por la severidad de las condenas que impone después del daño. Se mide, sobre todo, por su capacidad para evitar que el daño ocurra.
