@Abrilpenaabreu
La desaparición de la niña Briana ha sacudido a la República Dominicana. La angustia colectiva, la presión mediática y la urgencia con la que hoy se exige una respuesta reflejan una verdad incómoda: no estamos preparados como Estado para enfrentar las desapariciones. No porque falten leyes o discursos, sino porque falta lo esencial: capacidad real de respuesta.
Pero sería un error —y una injusticia— tratar este caso como un hecho aislado. Briana no es la primera. Antes estuvieron Roldani, el joven Sang y cientos de nombres que nunca llegaron a convertirse en tendencia, ni a abrir noticieros, ni a movilizar a la sociedad. La diferencia no está en la gravedad del hecho, sino en el nivel de visibilidad social que alcanza cada víctima.
Las cifras son alarmantes. En lo que va de año se habla de más de 300 personas desaparecidas, con estimaciones que apuntan a varias desapariciones diarias. La mayoría no recibe atención sostenida, no cuenta con seguimiento público y, en muchos casos, ni siquiera con una investigación adecuada desde el primer momento. Esa realidad desnuda una falla estructural que no puede seguir maquillándose.
Que hoy se haya requerido apoyo del FBII para un caso ocurrido en suelo dominicano debería encender todas las alarmas. No por el valor de la cooperación internacional, que siempre es bienvenida, sino por lo que revela: la insuficiencia interna del sistema. Si para reaccionar con rapidez y rigor necesitamos mirar fuera, el problema no es coyuntural, es institucional.
Esta debilidad ya había sido reconocida. En el pasado, la hoy ministra de Interior y Policía, Faride Raful explicó que el departamento encargado de personas desaparecidas operaba con muy poco personal, escasos recursos tecnológicos y capacidades limitadas. Años después, la situación parece no haber cambiado de forma sustancial. Reconocer un problema sin resolverlo es una forma silenciosa de normalizarlo.
La consecuencia de esta inacción va más allá del dolor individual. Cuando el Estado no responde con claridad, rapidez y transparencia, la sociedad entra en un terreno peligroso: la desinformación, el miedo y las teorías conspirativas. Desde trata de personas hasta tráfico de órganos, los rumores proliferan no porque exista evidencia, sino porque el vacío institucional lo permite. Y ese vacío erosiona la confianza pública.
Resulta aún más grave que mecanismos básicos como la Alerta Amber continúen estancados en el Congreso Nacional. sin implementación efectiva. No se trata de inventar soluciones complejas, sino de aplicar herramientas probadas que permiten actuar en las primeras horas, cuando la posibilidad de encontrar con vida a una persona es mayor.
La pregunta que flota en el ambiente es dura, pero legítima: ¿tendra que desaparecer alguien con apellido, influencia o atención mediática para que el sistema funcione como debería ? ¿Debe una tragedia “importante” activar recursos que deberían estar disponibles para todos?
Recursos hay. Lo que ha faltado es prioridad política, planificación y voluntad de fortalecer lo que no luce, pero salva vidas. Un departamento robusto de personas desaparecidas no da réditos electorales inmediatos, pero construye algo más valioso: seguridad, confianza y cohesión social.
El caso de Briana no puede convertirse en una excepción emotiva que se olvide cuando pase la conmoción. Debe ser el punto de inflexión para una reforma seria, con presupuesto, personal capacitado, tecnología, protocolos claros y rendición de cuentas.
Porque un país donde desaparecer es fácil y buscar es difícil no puede aspirar a llamarse justo. Y un Estado que llega tarde al dolor de su gente termina siendo parte del problema que dice combatir.
