El Pregonero, Santo Domingo.- El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano, condenó hoy el hecho de que a pesar de los reclamos del sector transporte, la Procuraduría General de la República siga utilizado de manera irregular, los fondos recaudados por concepto del cobro de las multas de transito establecidas en el artículo 298 de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Mario Diaz reveló que desde el mes de febrero del año 2017 hasta la presente fecha, la Procuraduría General de la República ha utilizado en su totalidad los recursos generados por las multas de transito, ascendientes a cientos de millones de pesos, lo cual constituye un acto de ilegalidad, ya que la Procuraduria General de la República para la utilización de esos recursos se ha amparado en la Ley No.12-07, del 24 de enero de 2007, que fue derogada por el artículo 360 de la ley de tránsito número 63-17.
Diaz recordó que el artículo 298 de la ley 67-17 establece un mecanismo de distribución de los ingresos generados por el cobro de las multas de tránsito, ordenando que los mismos sean distribuidos de la manera siguiente:
1. Setenta y cinco por ciento (75%) para la Procuraduría General de la República.
2. Veinticinco por ciento (25%) para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Manifestó el dirigente reformista que la distribución de esos recursos, corresponde a la propia Procuraduria General de la República ya que la misma ley de tránsito establece que, la dirección funcional del sistema de multas provenientes de las actas de infracciones, será de la exclusiva competencia del Ministerio Público y que al no aplicar esa norma se incurre en una violación por parte de la Procuraduría General de la República en perjuicio de los conductores del país y la ciudadanía en sentido general, por lo que debe hacerse la distribución establecida por la ley para esos fondos que han sido utilizados en objetivos diferentes a los establecidos por la ley número 63-17.
Díaz adelantó que conjuntamente con un grupo de juristas algunas empresas de transporte del país preparan un recurso Amparo en Cumplimiento, el cual será depositado en las próximas horas en el Tribunal Superior Administrativo, y con el cual se busca que la Procuraduría General de la República cumpla con lo establecido en el artículo 298 de la ley 63-17 y se haga entrega al sector transporte del pais, a través del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT), de los fondos establecidos por esa ley para que esa institución pueda financiar a través del tiempo los planes e iniciativas de movilidad urbana en el país, así como la modernización del sistema de educación y mantenimiento de señalizaciones y semaforización.