@abrilpenaabreu
La advertencia no vino desde el Palacio Nacional. Vino desde la Agencia Internacional de la Energía, con el Estrecho de Ormuz bloqueado desde finales de febrero —punto neurálgico por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial— y los precios internacionales bajo presión sostenida, la AIE ha sido inequívoca: el mundo no saldrá de esta crisis solo aumentando la oferta. Saldrá reduciendo ineficiencias, mejorando la gestión y acelerando la transición energética.
Para la República Dominicana, esa advertencia llega con nombre propio: un sistema eléctrico que destina más de 105 mil millones de pesos anuales en subsidios, depende en un 74% de combustibles fósiles e importa prácticamente el ciento por ciento del petróleo que consume. No es un sistema preparado para absorber choques externos. Es un sistema diseñado para funcionar en calma, y la calma se acabó.
Lo que el Estado tiene que hacer:
El primer frente es estructural: las pérdidas del sistema eléctrico —técnicas y no técnicas— representan uno de los mayores drenajes de recursos públicos del país. Las pérdidas técnicas son producto de redes obsoletas y transformadores que llevan décadas sin modernización. Las no técnicas, eufemismo institucional para el fraude y la conexión ilegal, son un problema de fiscalización y voluntad política.
Intervenir los circuitos de mayor pérdida, modernizar transformadores críticos en zonas estratégicas y fortalecer los mecanismos de control no es una opción de política pública. Es una obligación de gestión. La ETED y las distribuidoras —EDEESTE, EDENORTE y EDESUR— tienen identificados hace años los circuitos más deficitarios. Lo que ha faltado es ejecución con metas y plazos vinculantes.
El segundo frente es regulatorio. La Ley General de Electricidad, en su arquitectura actual, no facilita con suficiente agilidad la incorporación de sistemas de almacenamiento energético a escala. Los proyectos de baterías para respaldar generación eólica y solar —previstos en algunos casos para 2027— deberían ser objeto de una revisión de prioridades. Adelantar de manera selectiva las inversiones que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles en el corto plazo no es un lujo: es gestión de riesgo soberano.
El gobierno ya tomó algunas decisiones que merecen reconocimiento: la fijación del precio del carbón en Punta Catalina y los contratos de gas natural asegurados por un año otorgan un margen de estabilidad que no existía en crisis anteriores. Pero ese margen no es infinito, y no resuelve la vulnerabilidad estructural.
Lo que el empresariado no puede seguir postergando:
La eficiencia energética dejó de ser una decisión ambiental o de imagen corporativa. En un escenario de energía más cara y menos predecible, es una estrategia de supervivencia económica.
El empresariado dominicano —especialmente en los sectores industrial, hotelero y de zonas francas— tiene pendiente una deuda con la auditoría energética sistemática. Conocer con precisión cuánto se consume, en qué procesos y con qué eficiencia es el primer paso para reducir la exposición al precio internacional. No se puede gestionar lo que no se mide.
Más allá del diagnóstico, el sector privado tiene condiciones para impulsar la cogeneración y la autogeneración con renovables. Los incentivos fiscales existen en el marco legal vigente. Lo que falta, en muchos casos, es la decisión de activarlos. Una empresa que genera parte de su propia energía no solo reduce costos: reduce la presión sobre un sistema nacional que ya opera al límite.
El margen se reduce
Los países que lleguen a este choque con sus ineficiencias internas sin resolver serán los más vulnerables. No porque no tuvieran opciones, sino porque no las ejecutaron a tiempo. La República Dominicana tiene actores capaces, marcos legales utilizables y proyectos identificados. Lo que ha faltado, históricamente, es la urgencia para convertir el diagnóstico en acción.
Esa urgencia ya no es opcional.
