El presidente de la Corriente Sindical Miguel Soto, apéndice del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que de materializarse la entrada en vigor de un gravamen del 5 % sobre determinados pagos con tarjetas y transferencias, miles de trabajadores y pensionados se deteriora aún más el poder adquisitivo de sus exiguos ingresos.
Elso Segura Martínez manifestó que una vez más, quienes viven de un salario son llamados a cargar con el peso de políticas económicas que favorecen los intereses del gran capital mientras trasladan los costos del ajuste fiscal al pueblo trabajador.
“Cada compra de alimentos, el pago de la energía eléctrica, factura telefónica, del agua, del combustible o cualquier otra obligación cotidiana representaría un nuevo golpe al presupuesto familiar. Cuando los salarios permanecen rezagados frente al aumento constante del costo de la vida, y la negativa de indexar los salarios”, explicó el dirigente político en el documento titulado ¡Que la crisis la paguen los ricos, no los trabajadores!, reseñado en un reporte de prensa del PLD.
El también miembro del Comité Central del PLD resaltó que las consecuencias no se limitarían al pago de un recargo sino al incremento de los costos financieros podría trasladarse a los precios de bienes y servicios y a quienes dependen de las remesas familiares.
Considera que este tipo de medidas responde a una orientación económica de carácter neoliberal que privilegia el equilibrio fiscal mediante mayores cargas sobre la población trabajadora, en lugar de promover una distribución más equitativa de los esfuerzos tributarios.
“Entendemos que cualquier reforma fiscal debe sustentarse en los principios de progresividad y justicia tributaria, de manera que quienes poseen mayor capacidad económica aporten proporcionalmente más al financiamiento del Estado”, subrayó.
En su condición de presidente de la Corriente Sindical Miguel Soto hizo un llamado a todas las organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y sectores populares a fortalecer la unidad de acción en defensa del salario, del empleo digno, de los servicios públicos y de una política económica orientada al bienestar de las grandes mayorías.
Entiende que es momento de exigir un diálogo nacional transparente sobre las políticas fiscales y económicas que afectan al pueblo dominicano, así como medidas que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores, controlen el alto costo de la vida y promuevan un sistema tributario más justo.
