@abrilpenaabreu
El coronel Fausto Madé Ramírez ya había sido sancionado en 2018, entonces con rango de teniente, por una conducta violenta hacia un ciudadano en el sector Los Frailes. La Policía lo suspendió, lo investigó, emitió un comunicado diciendo que ese comportamiento era inaceptable, y luego lo ascendió a coronel. Eso no es una hipótesis, es lo que pasó, y es el único contexto que hace falta para entender lo que estamos viendo esta semana.
Porque el video que circula desde el domingo no es una sorpresa, es una consecuencia.
Un oficial que agrede a un ciudadano, recibe una suspensión, sobrevive la marea y sube de rango, aprende exactamente lo que la institución le está enseñando: que la suspensión no es un castigo, es una pausa, que hay que esperar a que la indignación se enfríe y después todo vuelve a ser igual, que el uniforme protege más de lo que obliga, y que los compañeros que están al lado cuando ocurren estas cosas no tienen ni la obligación ni el incentivo de intervenir, porque el que interviene se convierte en el problema.
Y ahí está la otra parte del video que nadie quiere analizar con honestidad. No es solo el coronel que agarra a la joven por el cabello y la tira al piso con un arma de alto calibre colgada, es también los demás agentes presentes que no intervinieron, que se hicieron los chivos locos, que miraron para otro lado como quien no ve nada porque efectivamente, dentro de esa cultura institucional, no están viendo nada. Uno puede entender que un subordinado no se enfrente a su superior en el momento, la dinámica de poder dentro de una institución militar es real y hay que reconocerlo, pero tampoco lo denunciaron, y eso dice algo sobre lo que esa institución ha normalizado puertas adentro.
Solo en las últimas 24 horas han salido a la luz un agente que roció gas pimienta y desenfundó su arma contra un periodista, y tres policías detenidos en Las Matas de Farfán junto a tres civiles en posesión de cinco motocicletas robadas. No es una racha de mala suerte, es un patrón, y los patrones no se resuelven con suspensiones.
La ministra Faride Raful dijo que no tolerará abusos, el vocero Diego Pesqueira dijo que el hecho es inaceptable y reprobable, y la Policía abrió una investigación exhaustiva. Todo eso ya lo escuchamos en 2018 con el mismo coronel, con el mismo lenguaje y con el mismo resultado, que fue ascenderlo. Entonces la pregunta no es si las palabras de esta semana son sinceras, puede que lo sean, la pregunta es qué va a ser diferente esta vez para que no terminemos
exactamente en el mismo lugar dentro de ocho años.
Porque la reforma policial no se mide en comunicados ni en suspensiones preventivas que duran lo que dura la tendencia en redes sociales, se mide en si un oficial con un historial documentado de violencia puede o no seguir ascendiendo dentro de la institución, y la respuesta que este caso ha dado hasta ahora es que sí puede, que el sistema lo permite, que nadie dentro de esa cadena de mando encontró en 2018 razón suficiente para detener una carrera que hoy nos trae de vuelta al mismo punto con una víctima diferente y el mismo protagonista.
¿Quién es este León que nadie se atreve a meter en la jaula que le corresponde? Esa es la pregunta que la ciudadanía está haciendo en las redes y en las calles, y merece una respuesta que no sea un boletín de prensa.
La joven de Los Mina no necesita palabras de condena, necesita que lo que le pasó a ella no le pase a nadie más, y eso no lo garantiza una suspensión, lo garantiza un sistema que entienda que proteger el uniforme a costa de la gente no es disciplina institucional, es complicidad.
