@abrilpenaabreu
Mucho nos quejamos cuando organismos internacionales denuncian presuntos maltratos contra migrantes en República Dominicana. Sin embargo, cuando ocurren hechos como este, ya no pueden decirse que son simples percepciones o campañas de descrédito: se trata de imágenes reales que terminan convirtiéndose en evidencia para quienes sostienen ese discurso. Como dice el refrán, para muestra, un botón.
No existe ninguna justificación para trasladar a una persona en las condiciones que muestran esas imágenes. Un resbalón, un rebase o la maniobra inesperada de otro vehículo habrían bastado para provocar una tragedia. Ningún procedimiento operativo puede estar por encima del derecho a la vida y a la integridad física.
Si, como ha informado la Dirección General de Migración, el detenido opuso resistencia e incluso era investigado por un presunto robo, eso no elimina la obligación del Estado de garantizar un traslado seguro. La fuerza pública puede emplear medidas de control cuando sean necesarias, pero siempre dentro de protocolos que protejan la vida de todas las personas bajo su custodia.
Lo ocurrido también deja al descubierto otro problema: la necesidad de más capacitación, mejores equipos y protocolos claros para quienes ejecutan las políticas migratorias. Combatir la migración irregular no significa renunciar a la dignidad humana. Una persona en condición migratoria irregular sigue siendo un ser humano con derechos fundamentales.
Cada vez que un caso como este se vuelve viral, una parte importante del esfuerzo realizado por el presidente Luis Abinader, por la propia Dirección General de Migración y por muchos dominicanos para demostrar que el país ejerce su política migratoria dentro del marco de la ley queda seriamente afectada. Porque, al final, la comunidad internacional no juzga únicamente los discursos; también juzga las imágenes.
República Dominicana tiene derecho a hacer cumplir sus leyes migratorias. Lo que no puede permitirse es que errores individuales, imprudencias o actuaciones alejadas de los protocolos terminen alimentando la narrativa de que aquí se vulnera sistemáticamente la dignidad de los migrantes. La ley debe hacerse cumplir, pero siempre con profesionalismo, prudencia y respeto por la vida humana.
