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Contralor General firmó y envió a la PEPCA informe de caso Donald Guerrero

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El Pregonero, Santo Domingo.- Este documento desmiente afirmaciones de algunos de los investigados por su participación en el caso de corrupción de Donald Guerrero, que han afirmado que el informe de investigación entregado a la PEPCA no había sido autorizado ni firmado por la Contraloría General de la República.

El Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, firmó y envió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, el informe de investigación sobre el caso de corrupción del exministro de Hacienda Donald Guerrero.

El oficio firmado por el Contralor General Catalino Correa Hiciano, en fecha 19 de octubre de 2021, es el número CGR-DAF-2021-089.

Este documento desmiente afirmaciones de algunos de los investigados por su participación en el caso de corrupción de Donald Guerrero, que han afirmado que el informe de investigación entregado a la PEPCA no había sido autorizado ni

firmado por la Contraloría General de la República.

La investigación del caso Donald Guerrero cuenta entre sus sustentos con el informe oficial, debidamente autorizado por el Contralor General de la República, como se demuestra en el citado oficio.

 

El documento oficial dice:

«Lic. Wilson Manuel Camacho,
«Procurador Adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
«Asunto: Remisión de informe de investigación sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de Deuda Pública, por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado.

«Distinguido Procurador,
«Mediante el presente, se remite copia del Informe núm. CGR-DAF-2021-00003, de fecha 20 de septiembre de 2021 y sus respectivos anexos, en el cual se plasman las comprobaciones correspondientes a la investigación hecha sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de Deuda Pública, por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado; a fin de que se proceda con la correspondiente investigación, en cumplimiento a las atribuciones conferidas por la ley.

«Atentamente,
«Catalino Correa Hiciano,
«Contralor General de la República.»

 

El caso

Según los investigadores de la Procuraduría General de la República, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda del pasado gobierno, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron «maniobras fraudulentas» con el fin de sustraer miles de millones de pesos. Hasta el momento se habrían detectado ilícitos por valor de más de 19 mil 653 millones 871 mil 513 pesos con 80 centavos.

La investigación sostiene que de este monto se logró sustraer 17 mil 300 millones 642 mil 051 pesos por operaciones relacionas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.

De acuerdo con una resolución de autorización de información financiera dictada por la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, el elemento común en todas las transacciones, o acuerdos firmados entre las partes, son los contratos de cesiones de crédito por más de RD$ 10 mil 500 millones, a personas de la entera confianza del entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero.

“En ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, indica el documento.

Sostiene que Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios: Emilio Rivas Rodríguez, exdirector de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mcabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar y Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banco de Reservas.

También Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor de la República; Princesa Alexandra Garcia Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la dirección de reconocimiento de deuda pública, entre otros funcionarios.


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