Por: Yulibelys Wandelpool
En el año 2017, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos de la Organización de los Estados Americanos (SAH/OEA) y el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC siglas en inglés) de Canadá; realizaron un estudio de caso en la República Dominicana denominado “Licitación Piloto Compras Públicas Sostenibles en República Dominicana».
A partir del diagnóstico se analizó que nuestra legislación, aunque no permite o promociona explícitamente la consideración de criterios de sostenibilidad ambiental en compras públicas, no prohíbe su incorporación.
Las Compras Públicas Sostenibles, en lo adelante CPS, buscan, por consiguiente, asegurar que los bienes y servicios que demanda el gobierno, sean lo más sostenibles posibles, generando menor impacto ambiental, y mejor impacto social.
Los gobiernos pueden, al rediseñar políticas y procedimientos, crear beneficios multiplicadores a nivel interno y en toda la sociedad que eficienticen, generen ahorros de energía y financieros, creen mejores condiciones de trabajo y sobretodo, mejoren el acceso a servicios públicos.
Es por ello, que las CPS sirven como un promotor clave de políticas, que permiten a los gobiernos reformar los mercados a través de su poder de compra y la influencia de su regulación. En ese tenor, el Artículo 63 de nuestra Constitución, ofrece una base para utilizar las compras públicas como promotor de innovación con fines de desarrollo sostenible, bienestar humano, competitividad y preservación del medio ambiente en la República Dominicana.
Recordamos que en el mes de mayo fue emitido el decreto 168-19, que establece una nueva reglamentación en la compra de productos agropecuarios para contribuir al desarrollo económico nacional sostenible. La disposición incluye también la compra preferencial de bienes de fabricación o producción nacional y de servicios.
Esta política pública responde al Eje 4.1.2.3de la Estrategia Nacional de Desarrollo 20-30, que procura incorporar la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a través de compras estatales que incorporen prácticas de consumo y aprovechamiento sostenibles, por medio del fomento al desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos minoritarios, especialmente de las MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Al respecto, el pasado jueves 18 del corriente, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la resolución PNP-04-2019, cuyo objetivo es hacer operativo el decreto 168-19, que instruye para que los pequeños productores tengan acceso al sistema de compras públicas, logrando que productores de no más de 50 tareas o que estén bajo el esquema de agricultura familiar tengan facilidades para ser proveedores del Estado, eliminando intermediarios, y priorizando la producción localen las compras agropecuarias de las entidades estatales.
Estas líneas de acción nos aproximan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues permiten generar más empleos, fomentar la producción, eliminar la intermediación, y fortalecer los principios de eficiencia y participación establecidos en el art. 3 de la Ley 340-06 y sus modificaciones, a través de la contratación directa a productores agrícolas nacionales.
El reto ante estas medidas, es seguir logrando una cohesión sectorial a través de alianzas público-privadas, el fomento del empleo formal en el país y la necesaria entrada en vigencia de la reclasificación de las empresas conforme los criterios que dispone la Ley 187-17, atendiendo al llamado del mundo a la transparencia y formalización.
