Por Ángel Beltré
La Academia de Ciencias de la República Dominicana anunció la conformación de una comisión especial para evaluar las operaciones de la minera Barrick Gold en Pueblo Viejo, centrando el análisis en tres ejes: jurídico, económico y ambiental.
La iniciativa estará presidida por el economista Dennis Simó y contará con la participación de expertos en diversas áreas, incluyendo geología, arqueología, derecho y medio ambiente.
Según explicaron los organizadores, el objetivo es revisar el contrato vigente, analizar el reparto de beneficios y evaluar el impacto ambiental de proyectos como la presa de colas en El Naranjo, provincia Sánchez Ramírez. El informe final será presentado a las autoridades y al público.
Sin embargo, la conformación de esta comisión ha generado interrogantes. Diversos sectores se preguntan si esta labor no corresponde más bien a las entidades con competencia legal en la materia, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas.
La iniciativa también podría debilitar la credibilidad de los estudios oficiales al presentar evaluaciones paralelas desde un organismo sin atribuciones regulatorias.
Además, se cuestiona por qué el estudio se limita exclusivamente a Barrick Gold y no se plantea una evaluación más amplia del sector minero en su conjunto.
¿Responde esto a una preocupación genuina por el interés nacional o a intereses particulares?
¿Y qué mensaje se envía sobre el rol de las autoridades responsables en la materia cuando sus atribuciones son suplantadas por comisiones como ésta?
Hasta el momento, las entidades oficiales no se han pronunciado sobre la creación de esta comisión.
