@abrilpenaabreu
Ayer en El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, un grupo de motoconchistas rodeó, atacó y golpeó al chofer Henrry González mientras transportaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, con niños dentro del autobús, conscientes de que los menores estaban ahí porque varias personas se los advirtieron, y su respuesta a esa advertencia fue ignorarla y seguir golpeando.  Eso no es un incidente de tránsito, eso es una turba que decidió que su rabia valía más que la seguridad de unos niños.
Y lo más grave es que no sorprende.
No sorprende porque ya lo vimos en Santiago. No sorprende porque días después volvió a ocurrir con el chofer de un camión. No sorprende porque ayer mismo, en paralelo a la agresión al conductor del TRAE, un motorista mató a otro por un pasajero. No sorprende porque llevamos años viendo este patrón repetirse con una regularidad que debería avergonzarnos como sociedad, y que en cambio seguimos normalizando con la misma resignación con la que normalizamos todo lo que es difícil de resolver.
Los números que explican por qué esto ocurre no están escondidos en ningún informe clasificado. Al 31 de diciembre de 2025 circulaban en el país 3,846,694 motocicletas, que representan el 57.9% del total del parque vehicular, y de esa cantidad monumental, apenas el 0.3% de los conductores tiene licencia para manejarlas.  Casi cuatro millones de motocicletas en las calles, la inmensa mayoría sin licencia, sin identificación, sin seguro, y en muchos casos sin casco, porque en 2024 la Digesett multó a 573,078 motociclistas por no usar casco, y el propio presidente Abinader reconoció que el 85% de las muertes de motoristas ocurre porque no lo llevan y que el 69% de los accidentes de tránsito en el país involucra a motociclistas imprudentes. 
Solo entre enero y la primera quincena de mayo de 2026, los accidentes de tránsito han causado 796 muertes y más de 30,000 lesionados.  Los motociclistas encabezan esas estadísticas año tras año, no porque sean una coincidencia sino porque son el resultado predecible de un sistema que permite que casi cuatro millones de vehículos circulen sin regulación efectiva, sin consecuencias reales y con la certeza de que la impunidad los protege mejor que cualquier casco.
Y la impunidad tiene una explicación que nadie en la política dominicana quiere decir en voz alta, aunque todo el mundo la conoce: enfrentar de frente el problema de los motoristas implica medidas impopulares con un sector numeroso, organizado y electoralmente sensible.  En este país no se puede hacer cumplir que usen el casco porque tienen poder en las urnas. Eso no es una teoría conspirativa, es la razón documentada por la que ninguna administración ha podido sostener una política de regulación real más allá de los primeros meses de anuncio.
El TRAE es una conquista real de este gobierno y hay que reconocerlo sin matices, porque representa una transformación concreta en la vida de las familias más humildes del país, que por primera vez tienen transporte escolar digno, gratuito y funcional para sus hijos. Que el personal que hace posible eso no pueda trabajar con seguridad, que un chofer que va camino a una escuela con niños a bordo sea golpeado en plena mañana mientras los estudiantes gritan de miedo, no es un problema menor ni un incidente aislado, es una afrenta directa a todo lo que ese programa representa.
La ministra Faride Raful dijo que el comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo, y el Ministerio de Educación anunció que se constituirá en actor civil ante la justicia.  Bien, que se haga y que sirva de precedente. Pero mientras el problema de fondo, casi cuatro millones de motocicletas sin regulación real, sin licencia, sin consecuencias efectivas y con poder político suficiente para bloquear cualquier intento serio de orden, siga sin resolverse, seguiremos teniendo esta conversación cada vez que un chofer del TRAE, o de cualquier otro vehículo, cruce camino con una manada que aprendió que atacar en grupo no tiene costo.
El Estado tiene que decidir si regula el transporte en motocicleta o si sigue negociando con él en cada proceso electoral. Porque las dos cosas a la vez no son posibles, y los niños que iban en ese autobús ayer merecen una respuesta más duradera que cien arrestos que el próximo incidente volverá a desmentir.
