El Pregonero, Santo Domingo.- El ingeniero César Fernández arremetió contra la oposición al proyecto de relleno sanitario de La Cuaba y advirtió que el conflicto plantea un problema mucho más grave que la discusión sobre el destino de los desechos: la seguridad jurídica y la capacidad del Estado dominicano para garantizar las inversiones que autoriza.
Fernández cuestionó que un proyecto que ha cumplido con los procedimientos establecidos y que cuenta con una licencia otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente pueda quedar sometido a presiones que, a su juicio, terminan colocando en entredicho las propias decisiones de las instituciones públicas.
“¿Cómo es que, si estamos en un Estado social, democrático y de derecho, usted le garantiza al que invierte en la República Dominicana que su dinero no se va a echar a perder?”, planteó.
El ingeniero afirmó que ha estudiado el proyecto de La Cuaba y revisado los documentos técnicos, incluido el informe del Ministerio de Medio Ambiente, organismo responsable de otorgar la licencia ambiental.
Frente al argumento de sectores que se oponen al proyecto bajo el alegato de que afectaría las aguas de la zona, Fernández sostuvo que el debate debe partir de la evidencia técnica y no de afirmaciones que no estén sustentadas en los estudios correspondientes.
“Ellos dicen que hay un río, hay unas cañadas que cuando llueve corre agua. Pero ahí no hay río”, afirmó, al referirse específicamente al área donde está ubicado el relleno sanitario.
Fernández explicó que el proyecto contempla el manejo de los lixiviados mediante una planta de tratamiento, por lo que rechazó la idea de que la operación implique automáticamente una contaminación de las aguas de la zona.
“Los lixiviados van a una planta de tratamiento. Y después que pasan por esa planta de tratamiento, el agua sale, casi potable, que sirve para riego y para todo. Ahí no se está afectando a nada”, sostuvo.
Pero para Fernández, el punto fundamental no termina en la discusión ambiental. Si el Estado cuenta con instituciones encargadas de evaluar, fiscalizar y autorizar este tipo de proyectos, sus decisiones no pueden convertirse en letra muerta después de que un inversionista haya cumplido con las exigencias legales.
“Ahora, o aquí cerramos el Ministerio de Medio Ambiente, o buscamos un ministerio nuevo. Porque ese ministerio dio el permiso y se pagaron los impuestos”, expresó.
También cuestionó que, en medio del conflicto, la Policía Nacional termine protegiendo a quienes protestan mientras el propietario de los terrenos enfrenta dificultades para entrar a su propia propiedad.
“¿Tú crees que eso puede pasar? ¿Que un país puede avanzar?”, preguntó.
El dirigente consideró que situaciones como esta envían una señal negativa a quienes arriesgan su capital en República Dominicana, tanto nacionales como extranjeros.
“Hemos visto tanto la inversión extranjera como la local, que hay que saludar. Hay que saludar a los empresarios dominicanos que creen en este país, que invierten en nuestro país”, manifestó.
Fernández puso como ejemplo el caso del proyecto minero Romero, en San Juan, cuyos inversionistas, según afirmó, han destinado más de 50 millones de dólares, y cuestionó qué ocurrirá con esos recursos cuando un proyecto que ha pasado por los procedimientos institucionales termina enfrentando una fuerte oposición política y social.
“¿Qué va a pasar con eso?”, volvió a preguntar.
A su juicio, el problema es que las instituciones están perdiendo capacidad para hacer valer sus decisiones frente a las presiones políticas y a las campañas que se generan en las redes sociales.
“Unas redes sociales están gobernando un país. Entonces, así no vamos a avanzar nunca”, advirtió.
Fernández reconoció que las comunidades tienen todo el derecho a expresar sus preocupaciones y a participar en el debate público, pero insistió en que la discusión no puede sustituir los estudios técnicos, las licencias ambientales ni el Estado de derecho.
“Porque el debate técnico podría ser muy amplio”, señaló.
Finalmente, sostuvo que República Dominicana debe decidir si quiere convertirse en un país donde los inversionistas tengan garantías o en uno donde, después de cumplir con todas las instituciones y obtener las autorizaciones correspondientes, sus proyectos puedan quedar paralizados por presiones externas.
