@abrilpenaabreu
Las declaraciones del senador Antonio Taveras Guzmán sobre el caso de Senasa aunque desafortunadas son comprensibles.
Porque no es lo mismo hablar en tiempos de estabilidad que en momentos de incertidumbre y a él parece que se le olvidó, hoy, el país no solo enfrenta desafíos internos, sino también un contexto internacional tenso, marcado por conflictos como los del Golfo Pérsico, que inevitablemente impactan la economía, la seguridad y la percepción de estabilidad. En escenarios como estos, la ciudadanía espera una señal clara: coherencia, dirección y unidad en la conducción del Estado.
Lo que el senador ha planteado —que el caso Senasa no debe terminar como el de Caso Odebrecht en República Dominicana— no es un ataque, es una advertencia.
Una advertencia basada en la experiencia reciente de un país que ya vivió el desgaste institucional que produce un proceso judicial de gran magnitud sin consecuencias claras.
El antecedente de Odebrecht sigue pesando en la memoria colectiva. No solo por el escándalo en sí, sino por su desenlace: la ausencia de condenas penales que dejó una profunda sensación de impunidad y ese no es el único caso, los Tucanos son otro ejemplo, pero se nos vendió otra cosa, casos supuestamente blindados, que no lo eran tanto.
Estos precedentes convierten cada nuevo caso relevante en una prueba, una prueba no solo para el sistema judicial, sino para la credibilidad del Estado.
En ese contexto, la lentitud en los procesos no es un detalle técnico, es un factor de riesgo, porque la justicia que tarda demasiado pierde fuerza, pierde legitimidad y, en muchos casos, pierde sentido para quienes esperan una respuesta.
Y en un país donde los ciudadanos han aprendido a desconfiar de los desenlaces de los grandes casos, ignorar esa realidad no la hace desaparecer.
Porque el verdadero riesgo no está en que se hable del problema, sino en que se repita, la justicia no solo debe ser independiente, debe ser oportuna, debe ser efectiva y, sobre todo, debe ser creíble.
Cuando los procesos se dilatan, cuando los resultados no llegan o llegan tarde, el daño no es solo jurídico: es institucional.
Se erosiona la confianza, se instala la sospecha y se alimenta la percepción de que hay casos que nunca terminan como deberían, ningún país puede sostenerse sobre esa base.
Por eso, más que cuestionar la advertencia, lo que corresponde es asumirla, porque si algo ha demostrado la experiencia dominicana es que el mayor costo no lo tiene el escándalo… sino la impunidad.
Solo la agrava.
