El Pregonero, Santo Domingo.-La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este miércoles como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos, además de presentación periódica e impedimento de salida del país para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso del derrumbe en la discoteca Jet Set que dejó 236 fallecidos y más de 180 lesionados.
El tribunal también declaró el proceso como caso complejo.
Solicitud del Ministerio Público
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, acusándolos de responsabilidad penal en el colapso del techo del Jet Set, ocurrido la noche del 8 de abril, tragedia en la que también murió el cantante Rubby Pérez, quien se presentaba con su orquesta al momento del derrumbe.
La solicitud fue depositada el pasado viernes 13, firmada por un equipo liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
Los fiscales acusan a los hermanos Espaillat de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas causadas por negligencia.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat conocían los fallos estructurales desde hacía tiempo. Recibieron reportes visuales, fotos, videos y advertencias de sus empleados sobre caídas de escombros y peligros inminentes, las cuales ignoraron deliberadamente.
La fiscalía afirma que Maribel Espaillat se negó a suspender la actividad la noche del derrumbe, a pesar de que se había reportado un incidente previo de caída de escombros. Alegó que no podía detener la fiesta debido a la ausencia de su hermano Antonio, priorizando los ingresos económicos sobre la seguridad de los asistentes.
“El patrón de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo remodelaciones sin permisos, sobrecarga estructural, reparaciones inadecuadas y desatención a advertencias, evidencia una conducta sistemática de irresponsabilidad y negligencia que derivó en una tragedia evitable”, sostiene el documento.
La Procuraduría también acusa a los imputados de intentar intimidar testigos clave para evitar que ofrecieran declaraciones o presentaran pruebas comprometedoras.
Tras el colapso, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó a la Dirección de Persecución preservar la escena y los escombros para fines del peritaje. Una vez concluidas las labores de rescate, el director del COE, general retirado Juan Manuel Méndez García, entregó la escena al Ministerio Público.
Según la acusación, “los hechos del pasado 8 de abril eran completamente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a la ley y priorizado la vida humana por encima del lucro económico”.
