Por Bellelyn Castillo
El Pregonero, Santo Domingo.–El analista político Julio Alberto Martínez expresó su indignación ante la falta de avances y claridad en el caso del presunto sabotaje al sistema de semáforos de República Dominicana.
Durante una intervención en “Rumba de la Tarde”, cuestionó el silencio de las autoridades y la ausencia de respuestas concretas sobre un asunto que ha generado incertidumbre en la población.
«Todavía no tenemos nada. Todavía no se sabe nada de lo que pasó. El Ministerio Público tiene que darle una respuesta clara a este país. No podemos quedarnos en un limbo, en una nebulosa,» afirmó el analista, aludiendo a la necesidad de que se establezca responsabilidad en el caso.
Julio Alberto hizo referencia a comentarios de la periodista Diulka Pérez, quien mencionó a un presunto implicado identificado como «Schiffino.» Aunque admitió desconocer quién es esta persona, enfatizó que las autoridades tienen la obligación de investigar y aclarar la situación.
«En este país cualquiera podría levantarse mañana y sabotear los semáforos si este caso no se resuelve. Quedan muchas interrogantes: ¿Quién apagó los semáforos? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuándo los presentarán ante la justicia? ¿O simplemente pasaremos la página como si nada?» cuestionó el analista.
El analista también criticó la gestión del caso por parte de las instituciones responsables, señalando una aparente desconexión entre las investigaciones oficiales y la información manejada por los medios de comunicación.
«Yo veo como que en la prensa uno maneja más información que las autoridades. Y se supone que quienes investigan, con todos los criterios profesionales y los equipos técnicos, son las autoridades. Pero parece que no. Parece que le quieren dar bola negra a este caso,» afirmó.
Julio Alberto concluyó haciendo un llamado al Ministerio Público y al INTRANT para que rindan cuentas y aseguren que este incidente no quede impune.
Según él, resolver este caso no solo es un deber institucional, sino también un paso necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en las instituciones del Estado.
