Las autoridades han vuelto a prometer lo que tantas veces hemos escuchado: un sistema penitenciario sin privilegios, sin celulares, sin cobros ilegales por camas, y esta vez el escenario es Las Parras, la tan anunciada “cárcel modelo”.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
El propio Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, ha descrito en más de una ocasión los negocios millonarios que operan dentro de las cárceles dominicanas, donde custodios y estructuras criminales han convertido el encierro en un negocio rentable. Sin embargo, no hemos visto hasta ahora un solo régimen de consecuencias que castigue a quienes permiten estas prácticas.
Santana ha explicado que los primeros en ser trasladados a Las Parras serán los internos más “mansos” y productivos, como una estrategia para crear un ambiente controlado que, según las autoridades, servirá de barrera para impedir que los reos más peligrosos puedan establecer los círculos de poder que dominaron en La Victoria y otras cárceles del viejo modelo.
Pero si de verdad creemos que solo con eso se evitará la corrupción, estamos pecando de ingenuos.
La corrupción no se limita al viejo modelo penitenciario. Aunque el nuevo modelo ha tenido menos ruido mediático, también arrastra denuncias y acusaciones de irregularidades. Lo que evidencia que el problema no es solo de un modelo u otro, sino de un sistema completo que está podrido desde adentro.
Por eso, más que inaugurar una cárcel bonita o trasladar a los presos “menos peligrosos” primero, lo que se necesita es una profilaxis profunda y general del personal que administra el sistema penitenciario.
Porque mientras las mismas manos sigan manejando las llaves, las promesas seguirán siendo buenos deseos y nada más.
@abrilpenaabreu
