Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó un informe de auditoría que destapa una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), correspondientes al período comprendido entre agosto de 2016 y diciembre de 2020.
Las anomalías detectadas superan los 800 millones de pesos y han sido remitidas al Ministerio Público para fines de investigación.
Según el informe, una de las principales faltas radica en la ejecución de procesos de compras por excepción, supuestamente motivados por la emergencia sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, dichas adquisiciones estaban contempladas en el Plan Anual de Compras, lo que desvirtúa la justificación legal para utilizar este tipo de procedimiento.
Asimismo, se identificaron pagos adelantados por más de RD$106 millones a once proveedores que no entregaron los productos comprometidos, así como entregas parciales por parte de otros nueve suplidores. Igualmente, se realizaron pagos por RD$36.1 millones a empresas que no estaban al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, violando lo estipulado por el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGEF).
Otro de los hallazgos más llamativos es la adjudicación de 28 contratos a un solo proveedor sin documentación que justifique dicha selección, además de la exclusión injustificada de oferentes competidores, favoreciendo a empresas con vínculos con empleados o accionistas relacionados con el INAIPI.
Entre los principales funcionarios señalados con responsabilidad en estos procesos se encuentran:
Berlinesa Franco
Ocupó el cargo de directora ejecutiva del INAIPI desde diciembre de 2016 hasta abril de 2020. Durante su gestión, se llevaron a cabo la mayoría de los procesos de compras y contrataciones que ahora están bajo escrutinio.
El informe también evidencia un grave incumplimiento de las normas contables y de control interno, debilitando los mecanismos institucionales destinados a garantizar la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.
En consecuencia, la Cámara de Cuentas ha otorgado un plazo de 25 días al INAIPI para presentar un plan de acción correctivo, que deberá ser depositado ante la Contraloría General de la República y la propia Cámara, bajo una supervisión estricta.
Este informe se suma a la lista de investigaciones que han generado inquietud sobre el manejo de recursos en instituciones clave del Estado, en este caso, una entidad dedicada a la atención y desarrollo de la primera infancia. Las autoridades esperan que el Ministerio Público actúe en función de los hallazgos revelados y determine las responsabilidades correspondientes.
