Por Domingo Rojas Pereyra
Se hace necesario, por la “salud” institucional de la Nación solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se abra una investigación con relación contrato del infame «Peaje Sombra» a los fines de que el Ministerio Público pueda deslindar las responsabilidades penales de lugar, ya que se trató de un acuerdo lesivo para el interés nacional, en el que todo el que firmó, auspició, promovió o apoyó debería ser indagado.
¡Basta ya de contubernios contra el erario nacional! El contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná que se rubricó en 2001 entre el Estado dominicano y la sociedad Autopistas del Nordeste, en donde se acordó que el primero asumía el compromiso de pagar un ingreso mínimo garantizado (Peaje Sombra) para cubrir a la segunda, el “déficit del tráfico vehicular”, para que se lograra una tasa interna de retorno, tiene todas las connotaciones de una estafa descomunal, planificada y permitida a sabiendas, para perjudicarnos a todos.
Lo procedente y transparente es que ese caso vaya al Ministerio Público, porque de la averiguación que el órgano persecutor abra, se pueden derivar las responsabilidades contra varios actores, incluyendo un expresidente de la República, que no solo podrían ser administrativas, sino de carácter penal, porque existen suficientes y concordantes indicios de que se actuó de mala fe, es decir con intensión delictuosa, para ejecutar un acuerdo de voluntades: oneroso y leonino; en razón de que como lo explicó el abogado Emmanuel Esquea Guerrero, contratado por el Estado para analizar dicha pieza contractual, el mismo, se firmó con una compañía que ¡legalmente era inexistente! Autopistas del Nordeste se constituyó solo con seis socios, cuando la ley requería un mínimo de siete; además colocaron un nombre que no era una sociedad e hicieron que aparezca sin serlo. La primera licitación se hace en 1998 para la construcción de 64 kilómetros de carretera, que eran cuatro tramos desde la autopista de Las Américas hasta Rincón Molinillo, pero no se completaba ese trayecto porque son 125 kilómetros, y ese concurso se cerró sin resultado. En el 1999 se le ocurre a alguien decir vamos a continuar el concurso trunco de 1998 y se siguió con el mismo número de serie, pero con una nueva modalidad, ya entonces no eran 64 kilómetros de carretera, sino 125 kilómetros y no solo para construcción, sino que también se incluyó financiamiento… Entonces era un concurso diferente. El órgano persecutor dominicano tiene una excelente oportunidad para mediante una investigación en regla, deslindar responsabilidades contra aquellos que pretendieron vernos las caras de idiotas a los dominicanos.