Por Carlos Lara
Para los hombres y mujeres que dedican más de cuatro años de estudios universitarios y en muchos casos años de maestría o doctorado, se ha convertido en una de tarea muy difícil y complicada, impartir docencia en el sector público; hoy en día es una labor titánica, de seres humanos valientes, dotados de amor por su carrera y una paciencia comparada con la tolerancia de «Job».
Ir a un aula es llevar el pan de la enseñanza con carencias: libros de texto, espacio físico adecuado, agua, energía eléctrica, personal de apoyo, y bajo la presión de las autoridades inmediatas; es lo que en el argot popular denomina, un infierno laboral y una travesía digna de reconocer como auténticos héroes del sistema educativo dominicano.
Ya, en reflexiones anteriores habíamos planteado que iniciar el año escolar 2022-23, a dos días después del paso del huracán Fiona, ¡Fue un error!, de las autoridades educativas, del propio gobierno y los resultados están ahí.
Antes de la entrada de Fiona por la región Este y Nordeste del país, los padres, comunitarios, maestros y la propia Asociación Dominicana de Profesores (ADP), se quejaban de los graves problemas que afectaban las escuelas, que van desde la sobrepoblación, hasta las infraestructuras, incluyendo la falta de agua, luz entre otros males.
Cuando observamos lo que está pasando en centros como el Politécnico Liceo Juan Ruperto Polanco, en la Descubierta, Independencia, dónde con apenas 13 aulas posee una matrícula de más de 1,000 alumnos, para una insólita ocupación por aulas de más de 70 estudiantes, nos indica que la situación en el sistema educativo es dramática e insostenible.
A nuestros medios llegan reportes de niños y niñas de la escuela Ranchería en Azua, recibiendo docencia en el suelo, esto nos conduce a dos cuestiones; ¿Dónde está el dinero del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación?, ¿En qué se invirtió, en los últimos dos años?
Otro tema que ha evidenciado el desorden y el caos en educación, es la orden para la adquisición de libros de textos en formato digital para el nivel secundario, año escolar 2022-2023, en dónde, según una comunicación publicada por el periódico el Diario Libre, del 26 de septiembre indica que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinó que hubo un entramado que vincula a seis empresas con Cosme Peña. Reflejando esto una componenda de corrupción que involucra una inversión, a través de la adjudicación realizada por un valor de 1,860 millones.
Toca al ministro Ángel Hernández actuar, revisar y establecer responsabilidad, sobre las conclusiones de la investigación realizada por el órgano rector de las compras y contrataciones, la cual arrojó que existe una vinculación entre las empresas Editorial Cosme Peña, S.R.L., Ediciones Salomé, S.R.L., CA-Mart Soluciones, Cocolo Editorial, Ediciones Unidas del Caribe, SM. S.A., y la empresa School Team, S.R.L.
El nuevo Ministro de Educación, Ángel Hernández, tiene un gran reto por delante, quizás uno de los más importantes de su vida profesional, organizar, enderezar y sacar a flote uno de los Ministerios más enrevesado de Estado, por la cantidad de intereses económicos que allí cohabitan: ¡Educación! Misma que en los últimos dos años se convirtió en un caos y desorden sin precedentes, desde su creación el 30 de noviembre de 1934.
Otro de los retos del señor Hernández, es decidir si continúan trabajando con los directores Distritales y Regionales actuales, puestos por la administración pasada y que por los resultados desastrosos en los últimos dos años, nos indican que su desenvolvimiento gerencial en beneficio de una educación de calidad y logros obtenidos ha sido deficiente, sin planificación y agreguémosle la persecución de muchos de ellos en contra de docentes y administrativos, por rencillas políticas que en nada contribuyó en la mejora de la educación en los últimos dos años.
No podemos terminar este análisis sin reiterar que el nuevo año escolar no visualiza hacia el futuro, resultados favorables para el aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. Un estudio realizado por la ADP, reflejó que la situación en el sistema educativo es calamitosa, situación que empeoró, luego del paso del huracán Fiona, donde los centros de la región Este se encuentran en mal estado en donde padres, niños y maestros y maestras perdieron todo.
Nuestro llamado es al presidente Luis Abinader, y al Ministro de Educación, Ángel Hernández, deben garantizar educación de calidad, como lo establece la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 63, «Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones».
Señor Presidente, Ministro, este es su deber con la sociedad dominicana, descontinuar el caos y el desorden impuesto en los últimos dos años, además tienen un compromiso con su propio discurso y es someter y responsabilizar a los que han cometido indelicadezas o supuestos actos de corrupción en esta dependencia del gobierno y han atentado con lo más sagrado para cualquier país: ¡La Educación!
“Recuerden que el pueblo observa y hace sus propios juicios, tan feroces y contundente como la justicia legal”.