El Pregonero, Santo Domingo. El ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, advirtió sobre una alegada contaminación institucional que reviste la construcción de la valla fronteriza que pone en riesgo a la Laguna de Saladillo, en Montecristi.
Carvajal sostuvo que, con la edificación del muro se están violando una serie de reglas constitucionales que amenazan el medio ambiente, la soberanía nacional y disminuyen el nivel de vida de la población del lugar.
«Aparte de un ecocidio, se está cometiendo un patricidio porque estamos construyendo un muro para proteger la soberanía y estamos perdiendo soberanía sobre territorio, para proteger recursos naturales y lo estamos destruyendo, para garantizar la posibilidad de trabajo de los dominicanos y estamos disminuyendo la posibilidad de que esa población fronteriza mantenga su nivel de vida», precisó durante una entrevista en el programa radial «El Rumbo la mañana», por la 98.5 FM.
También indicó que, uno de las peores elementos presentes en la edificación es que «se supone que el papel de esto es reforzar la institucionalidad y estamos comiéndonos la constitución y las leyes».
Explicó que, los más de 30 kilómetros que constituyen la referida laguna, incluye además, una zona de humedales, un bosque húmedo y un bosque seco, los cuales peligran por la construcción sin previos estudios ni permisos.
Tras visitar el lugar en respuesta a una denuncia recibida, Carvajal manifestó que los expertos medioambientales se encontraron con una zona fragmentada, con relleno de humedales y aislamiento de manglares que provocarían además la eliminación de unos 6 mil metros cuadrados de ellos.
Citó la eliminación de una lometa de unos 37 metros de alto y de manera enfática, advirtió nueva vez sobre unos 840 mil metros de terreno dominicano que quedarían al otro lado del muro.
Responsables
El ambientalista sostuvo que, el Gobierno no tiene permitido violar las leyes por lo que, en esta obra de iniciativa Estatal refiere como principales responsables al Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente, a contratistas y la fiscalía ambiental.
Finalmente, expresó que el Gobierno debe ajustar ésta y cualquier otra obra, al cumplimiento de la ley y la transparencia.
