El Pregonero, Santo Domingo.-El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo y exregidor por Santo Domingo Este, Alfredo Pichardo, expresó su profunda consternación y dolor ante el salvaje asalto e invasión domiciliaria que cobró la vida de la esposa del reconocido merenguero Julián Oro Duro y que mantiene al artista en estado de extrema gravedad.
Pichardo manifestó que este horrendo hecho ha consternado a toda la sociedad dominicana y demuestra de forma dramática que las autoridades no pueden permitir que la seguridad ciudadana se les vaya definitivamente de las manos.
«Cuando los delincuentes no respetan ni la intimidad ni la vida de las familias en sus propios hogares, la autoridad del Estado ha sido desafiada. El gobierno y la Policía Nacional no pueden seguir actuando con contemplación; la ciudadanía exige un freno inmediato y determinante contra el crimen», aseveró Pichardo.
El principio de autoridad y el respeto a la ley
El dirigente político recordó que en momentos críticos de la historia reciente del país, la delincuencia entendía con claridad el peso de la ley. Puso como ejemplo las gestiones policiales de figuras como Pedro de Jesús Candelario y Guillermo Guzmán Fermín, periodos en los cuales la criminalidad sabía que cualquier acto de violencia o desafío al orden público iba a ser repelido con firmeza y determinación por la autoridad competente.
«En esas gestiones existía un mensaje claro: la calle no era de los delincuentes. Había una doctrina de respeto al principio de autoridad que inhibía al crimen organizado y común de cometer atrocidades como la que hoy enluta a la familia de Julián Oro Duro. Ese sentido de disuasión y protección ciudadana es el que ha desaparecido y el que urge recuperar», afirmó el exregidor.
Una crisis que arropa a todas las comunidades
Pichardo sostuvo que este caso se suma al clima generalizado de desprotección que sufren a diario miles de familias, especialmente en zonas altamente vulnerables como la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este —en barrios como Los Mina, Los Tres Brazos, Katanga y El Invi—, así como en diversos puntos del Gran Santo Domingo, donde los comunitarios le manifiestan constantemente su angustia por la falta de patrullaje efectivo y el incremento de la violencia.
Llamado urgente al Congreso y al Poder Ejecutivo
Ante este escenario de zozobra, Alfredo Pichardo reiteró la necesidad de que el Congreso Nacional ejerza su función fiscalizadora sobre las estrategias de seguridad vigentes y demandó del Poder Ejecutivo un giro radical en las políticas públicas de combate al delito.
«No podemos permitir que el miedo encierre a los hombres y mujeres de trabajo mientras los criminales se adueñan de las calles y de las casas. El Estado tiene que enviar una señal contundente e inequívoca de que el crimen tendrá consecuencias inmediatas y severas», concluyó Pichardo.
