@abrilpenaabreu
En medio de un contexto internacional complejo, marcado por la inestabilidad en el Medio Oriente y el alza sostenida de los precios del petróleo, el gobierno encabezado por Luis Abinader ha anunciado un paquete de medidas de austeridad con el objetivo de liberar cerca de RD$40,000 millones.
La lógica, en principio, es entendible: reducir gastos operativos, limitar viáticos, controlar el uso de combustibles, revisar contrataciones y priorizar lo esencial, en momentos de presión fiscal, el Estado tiene la obligación de reorganizar sus recursos.
Pero no todas las decisiones dentro de ese paquete tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias y una de ellas debería encender todas las alarmas: la propuesta de reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos.
Cuando la austeridad toca la democracia, reducir gastos superfluos es una señal de responsabilidad, reducir el financiamiento de los partidos políticos es otra cosa, porque los partidos no son un lujo del sistema, son el sistema.
Debilitarlos financieramente no castiga únicamente a las estructuras tradicionales que han cometido errores —que los han cometido—, sino que también limita la capacidad de organización, formación y participación política, especialmente de nuevas generaciones.
En un país donde ya existe desconfianza hacia la política, enviar el mensaje de que pertenecer a un partido es casi una desventaja institucional es abrir la puerta a algo mucho más peligroso: una democracia sin estructuras y una democracia sin estructuras no se vuelve más pura, se me vuelve más vulnerable.
El riesgo de gobernar para el aplauso, hay decisiones que son populares… y hay decisiones que son correctas, reducir el financiamiento a los partidos probablemente genere respaldo inmediato en una ciudadanía cansada de la clase política. Pero gobernar no es seguir la ola, es entender hacia dónde lleva esa ola.
Porque cuando se debilitan los partidos: se fortalece el personalismo, se reduce la rendición de cuentas interna, se abren espacios para el financiamiento irregular y se empuja la política hacia terrenos menos transparentes, lo que parece un ahorro puede terminar siendo un costo institucional mucho mayor.
¿Dónde sí debe estar el ajuste? El propio anuncio del Gobierno plantea áreas donde el recorte no solo es válido, sino necesario:
Gasto operativo excesivo, uso ineficiente de recursos, publicidad innecesaria, eventos sin impacto real, ahí está el margen? ahí está el espacio donde el Estado puede dar ejemplo sin comprometer la arquitectura democrática.
El ministro José Ignacio Paliza lo dejó claro: el país enfrenta un choque externo que presiona la inflación y el costo de vida y el equipo económico, encabezado por Magín Díaz, ha trazado objetivos razonables: estabilidad macroeconómica, protección social y sostenibilidad fiscal.
Pero en ese equilibrio hay una línea que no se puede cruzar, la estabilidad económica no puede lograrse a costa de debilitar los pilares democráticos.
La República Dominicana ha demostrado resiliencia frente a crisis externas, tiene reservas, ունի estabilidad cambiaria y ha sabido maniobrar en escenarios complejos.
Pero las decisiones que se toman en momentos de crisis son las que definen el tipo de país que se construye después y aquí la pregunta no es solo cuánto se ahorra, la pregunta es qué se está sacrificando para lograrlo.
Porque si por montarnos en una ola popular terminamos debilitando los partidos políticos… nos puede salir más cara la sal que el chivo.
