@abrilpenaabreu
La República Dominicana se encuentra en un momento definitorio respecto a su recurso más vital. El inicio de 2026 ha traído consigo una realidad que impacta directamente el presupuesto familiar: la actualización de las tarifas de la CAASD Este ajuste, que el Gobierno defiende como una deuda técnica arrastrada desde 2003, ha encendido las alarmas de la oposición y de una sociedad civil que observa con recelo cada movimiento legislativo relacionado con el agua.
Desde la Fuerza del Pueblo el rechazo ha sido contundente. Su secretario general, Antonio Florian , ha calificado la medida de “insensible”. El argumento es claro: en un contexto de pérdida de capacidad adquisitiva, el agua no puede convertirse en un instrumento de ajuste financiero para cuadrar las cuentas del Estado. Para esa organización política, el problema no es solo el aumento actual, sino la filosofía que subyace en la nueva Ley General de Agua, donde concesiones de hasta 40 años despiertan temores de una privatización encubierta que, según sus críticos, podría violentar el espíritu del Artículo 15 de la Constitución.
Sin embargo, el debate no puede agotarse ni en el rechazo absoluto ni en la gratuidad total. Es una verdad innegable que el agua tiene costos: infraestructura, tratamiento, distribución y mantenimiento. Fomentar el dispendio a través de un servicio prácticamente regalado es una receta segura para el colapso de los acueductos. El país no puede seguir permitiéndose perder cerca de la mitad del agua que produce por fugas, falta de inversión y una débil cultura de uso responsable.
El verdadero nudo gordiano del problema es la confianza. La ciudadanía comprende que la infraestructura cuesta, pero teme —con razón— que bajo el discurso de la “eficiencia” se termine entregando un derecho humano al interés privado. El sector privado, por naturaleza, persigue rentabilidad; el Estado, por mandato constitucional y moral, debe garantizar el bienestar social.
La encrucijada es clara: el país necesita modernizar la gestión del agua y detener el desperdicio, pero sin abrir la puerta a una privatización que deje a los más vulnerables a merced del mercado. El agua es patrimonio nacional. Administrarla con eficiencia es un deber del Estado; convertir su acceso en un privilegio sería una injusticia que el pueblo dominicano no está dispuesto a tolerar.
