El Pregonero, Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la que acusa al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ingeniero Milton Teófilo Morrison Martínez, de presunta confabulación con el consorcio Mobility ID para defraudar al Estado dominicano en el proceso de licitación para la emisión de las nuevas licencias de conducir.
Según explicó el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, la denuncia fue depositada ante la directora de la PEPCA, licenciada Mirna Ortiz, e incluye pruebas documentales que, según afirma, demuestran irregularidades graves en la licitación en la que solo participó un oferente: el Consorcio Mobility ID, integrado por las empresas Midas Dominicana S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços e Indústria e Comércio e Importação e Exportação de Equipamentos Ltda.
De la Rosa Tiburcio advirtió sobre el “peligro nacional” que representa que las bases de datos de los pasaportes, cédulas y licencias de conducir estén concentradas en manos de los mismos grupos empresariales privados.
“Esta situación puede permitir que entidades privadas creen incluso ciudadanos ficticios y les habiliten para ejercer derechos en el país”, expresó el titular de ADOCCO.
ADOCCO sostiene que el consorcio falsificó documentos relativos a la impresora láser CLM600, presentada como de fabricación propia, a pesar de no serlo, violando los requisitos técnicos establecidos en el pliego de condiciones del INTRANT.
La organización asegura que, pese a haber impugnado el proceso, el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT y su director Milton Morrison hicieron caso omiso a las denuncias, adelantando incluso la apertura del sobre B “para favorecer al consorcio adjudicatario”.
El presidente de ADOCCO calificó el proceso como una “licitación dirigida”, ya que las condiciones impuestas —como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares— limitaron la participación de otros oferentes, violando los principios de igualdad, libre competencia y evaluación objetiva que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
La denuncia imputa al ingeniero Morrison y a los miembros del consorcio por presuntas violaciones a múltiples artículos del Código Penal dominicano, incluyendo los relativos a falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, y disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
De la Rosa Tiburcio solicitó a la PEPCA una investigación exhaustiva, asegurando que ADOCCO ha depositado todas las pruebas que demuestran la falsificación documental, el incumplimiento de requisitos financieros y la confabulación para adjudicar un contrato valorado en más de 8,400 millones de pesos.
“Esperamos una respuesta pronta y cumplida de la PEPCA. El país no puede permitir que se manipulen los procesos de contratación pública para beneficiar a grupos empresariales que ya controlan información sensible de todos los ciudadanos”, concluyó De la Rosa Tiburcio.
