Por Jose Alberto Blanco
En las provincias del noroeste de la República Dominicana se ha vuelto alarmantemente frecuente la ocurrencia de accidentes de tránsito vinculados al tráfico de indocumentados haitianos.
La persecución de estos grupos por parte de patrullas del Ejército, sumada al uso de vehículos improvisados —desde Jeepetas, camionetas hasta motocicletas— por los contrabandistas, ha convertido caminos, poblados y ciudades en escenarios de carreras temerarias que terminan en tragedia.
El resultado es devastador: decenas de fallecimientos de ciudadanos haitianos y dominicanos, familias enlutadas y comunidades que viven bajo la sombra del miedo.
La frontera, que debería ser espacio de control y seguridad, se ha transformado en un corredor de riesgo mortal.
Las autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado. La persecución indiscriminada, sin protocolos claros de seguridad vial y ciudadana, está generando más muertes que soluciones.
La defensa de la soberanía nacional no puede confundirse con prácticas que ponen en peligro la vida de inocentes.
La frontera necesita políticas integrales, no improvisaciones: controles migratorios efectivos, coordinación interinstitucional, inversión en tecnología de vigilancia y alternativas de desarrollo que reduzcan la dependencia del contrabando.
La sociedad dominicana exige que se rompa este círculo de tragedias. No se trata solo de estadísticas de accidentes, sino de vidas humanas que se pierden en medio de una dinámica de persecución que carece de planificación y humanidad.
La seguridad nacional debe ser compatible con el respeto a la vida, y la frontera debe dejar de ser un espacio de muerte para convertirse en un espacio de orden y dignidad.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad y garantizar que la defensa del territorio no se convierta en una amenaza para la propia ciudadanía.
