ElPregoneroRD Una agente de la Digesett fue brutalmente agredida mientras realizaba su trabajo. La dejó el victimario con un collarín y usando bastón. ¿El resultado? Una medida de coerción suave: presentación periódica y una fianza de apenas RD$100,000. Ninguna autoridad institucional se ha indignado. Solo el Ministerio de la Mujer ha levantado tímidamente la voz.
La pregunta es inevitable: ¿por qué este caso ha recibido un trato tan distinto al del ciudadano cubano que abofeteó a otro agente de tránsito y a quien se le impuso prisión preventiva por tres meses? La respuesta revela algo más profundo que una simple diferencia de criterio judicial: demuestra la fragilidad de la autoridad y la normalización del irrespeto institucional.
Enfrentar a los cuerpos del orden se ha vuelto casi un deporte nacional. Y lo más grave es que, a menudo, esos actos quedan sin consecuencias. Los ciudadanos graban y suben videos desafiando a la autoridad sin pudor, y más preocupante aún, sin consecuencias reales. El sistema judicial parece diferenciar quién agrede y a quién, en qué contexto y con qué nivel de indignación pública.
Sí, hay miembros corruptos en las filas policiales y de tránsito, pero también hay hombres y mujeres que cumplen su deber cada día, sin garantías ni respaldo. Cada vez que un oficial es irrespetado, humillado o incluso asesinado, la respuesta institucional ha sido el silencio o la negociación, como si el Estado estuviera más interesado en evitar ruido que en garantizar autoridad.
¿Con qué motivación trabaja un agente que sabe que puede ser golpeado o asesinado sin que nadie lo defienda? ¿Quién quiere ser policía o miembro de la Digesett si eso significa recibir un sueldo que no cubre la canasta básica, arriesgar la vida y, encima, ser blanco del desprecio social?
El mensaje está claro: en República Dominicana, hacer cumplir la ley es más riesgoso que violarla.
@abrilpenaabreu
