@abrilpenaabreu
Cuando la palabra empieza a pagar consecuencias
Durante años, una parte del ecosistema mediático dominicano confundió libertad de expresión con licencia para acusar sin pruebas y durante años también, muchos ciudadanos consumieron esas acusaciones como si fueran verdades judiciales, porque en la era digital basta una cámara, un micrófono y un título incendiario para destruir una reputación en cuestión de minutos.
Pero algo está cambiando, las recientes sentencias contra comunicadores por difamación e injuria no deben leerse de manera simple ni celebrarse con ligereza. No estamos ante un tema menor en una democracia, la libertad de expresión es sagrada. La prensa tiene que poder investigar, cuestionar, denunciar, incomodar al poder y señalar irregularidades, sin esa libertad, la sociedad queda ciega frente a los abusos.
Pero la libertad de expresión no convierte la mentira en derecho, tampoco transforma la insinuación maliciosa en periodismo, ni permite presentar como hecho probado lo que apenas es rumor, resentimiento, estrategia política o contenido fabricado para ganar vistas.
El país está frente a una frontera delicada: proteger la crítica sin proteger la difamación.
Porque una cosa es decir: “hay indicios que deben investigarse”. Otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que una persona cometió un delito. Una cosa es cuestionar una gestión pública. Otra es usar plataformas digitales para condenar moralmente a alguien antes de que exista una sola sentencia, un expediente serio o una prueba verificable.
El problema no es que haya comunicadores incómodos, el problema es que algunos han hecho de la acusación un modelo de negocio y eso también degrada la democracia.
Cuando todo el mundo acusa, nadie investiga, cuando todo se convierte en escándalo, la verdad pierde valor, cuando la reputación de una persona puede ser destruida por un video viral, sin derecho real a defensa, entonces no estamos ante periodismo valiente, sino ante linchamiento digital.
Ahora bien, también hay que tener cuidado con el otro extremo, las demandas por difamación no pueden convertirse en una mordaza para periodistas, comunicadores o ciudadanos que denuncian hechos de interés público. El poder político, económico y empresarial debe estar sujeto al escrutinio, quien maneja fondos públicos, influye en decisiones públicas o aspira a dirigir el país tiene que tolerar un nivel mayor de crítica.
Pero crítica no es calumnia, fiscalización no es difamación, opinión no es imputación falsa, ese es el punto que parece empezar a marcar la justicia dominicana: la palabra pública tiene consecuencias.
Y quizás ese mensaje llega tarde, pero llega en un momento necesario, porque las redes sociales ampliaron la voz de todos, pero no elevaron en la misma proporción la responsabilidad de todos. Hoy cualquiera puede publicar, acusar, editar, insinuar, viralizar y monetizar, pero no todos están dispuestos a verificar.
El periodismo serio no puede defender el derecho a mentir, debe defender el derecho a investigar, preguntar, contrastar y publicar con responsabilidad.
Ese es el verdadero desafío: no permitir que la lucha contra la difamación se use para silenciar denuncias legítimas, pero tampoco permitir que la bandera de la libertad de expresión sirva de refugio a quienes destruyen honras sin pruebas.
La democracia necesita comunicadores libres, pero también necesita comunicadores responsables. Porque la palabra pública no es un juego, una acusación puede cerrar puertas, destruir familias, afectar carreras, provocar odio y marcar de por vida a una persona y cuando esa acusación resulta falsa, el daño casi nunca se repara con la misma fuerza con que se produjo.
Por eso, más que celebrar condenas, deberíamos sacar una lección: el país necesita una comunicación más seria, más ética y más consciente del poder que tiene.
La libertad de expresión no está en peligro porque se exijan pruebas, al contrario: se fortalece cuando quienes hablan en público entienden que la verdad no se defiende con rumores, sino con responsabilidad.
