SANTO DOMINGO.- Los abogados Gregory Castellanos, Jhonny de la Rosa y Mario Furcal afirmaron este lunes que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, tiene un “negocio” en ese gremio al “instrumentalizar” a otros directivos, y sostuvieron que Surún Hernández viola los estatutos orgánicos al ventilar públicamente una acusación de carácter disciplinario.
Participando en el programa “El Nuevo Diario A.M.”, por la plataforma “El Nuevo Diario TV”, manifestaron que Surún Hernández le sirve al empresario Luis Obdulio Beltré Pujols y trata de evitar que ellos cobren sus honorarios.
Asimismo, aseguraron que Beltré Pujols visita la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial y amenaza con, si no le resuelven los casos que tiene en la Justicia en contra de De la Rosa, revelar supuestas grabaciones donde ellos presuntamente exigen dinero.
Castellanos, ex fiscal de la Capital, reiteró que la “retaliación” en su contra se debe a que él ha denunciado alegados actos de corrupción cometidos por magistrados de cortes civiles. También insistió en que la disputa obedece a dos querellas penales contra Beltré Pujols y familiares de este por supuestamente haber alterado recibos.
“Surún Hernández tiene un negocio en el Colegio, no se mueve nada si no es por dinero. Entonces, ¿qué moral tiene él para pretender cuestionar a nadie en este país? Yo lo reto a que presente cualquier cosa en contra mía, directamente”, aseguró.
Además, detalló que De la Rosa lo empleó como penalista para presentar querella contra el “empresario gasolinero” en 2015, y al año siguiente lo apoderaron de una querella disciplinaria contra de él, y en 2017 lo buscaron por una acusación de una supuesta falsedad en una tasación, y en 2018 actuó en querella contra el juez Edinson Alarcón, de la Corte Civil.
De la Rosa, por su parte, manifestó que la esposa del presidente de la Corte Civil, Justiniano Montero, lleva diez años dirigiendo el departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía del Distrito Nacional, y ese departamento “no” quiere entregar informaciones relativas a las “empresas beneficiadas”.
También recordó que, en 2013, Surún Hernández fue tramitado por la Fiscalía al tribunal disciplinario, y se le encontró culpable.
