El Pregonero, Santo Domingo.– El abogado John Garrido aseguró que el arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara es ilegal y arbitrario, al considerar que la orden judicial que permitió su detención carece de cobertura legal dentro del ordenamiento jurídico dominicano.
En un artículo publicado en El Pregonero, Garrido sostuvo que el procedimiento utilizado por el Ministerio Público —una entrega vigilada o controlada— solo está permitido en investigaciones vinculadas al crimen organizado o casos complejos, por lo que entiende que su aplicación en este caso viola el principio de legalidad penal.
El jurista explicó que, según la propia información difundida por el Ministerio Público, el arresto se produjo tras una entrega controlada autorizada por un juez de la Corte de Apelación, mecanismo que —a su juicio— fue utilizado de forma incorrecta.
De acuerdo con Garrido, la figura de la entrega vigilada tiene su origen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se aplica cuando las autoridades permiten el tránsito de remesas ilícitas o sospechosas bajo supervisión con el fin de identificar a los responsables de estructuras criminales organizadas.
Asimismo, señaló que la figura del agente encubierto, contemplada en el artículo 379 del Código Procesal Penal, también está diseñada para infiltrarse en organizaciones criminales con el propósito de obtener información sobre delitos graves.
En ese sentido, el abogado argumentó que estas herramientas investigativas no pueden aplicarse a cualquier investigación penal, sino únicamente a casos que involucren estructuras delictivas organizadas.
“Un juez no puede ignorar el principio de legalidad penal. Solo puede hacer lo que la ley penal le permite, y la ley no autoriza el uso de entrega vigilada o agentes encubiertos fuera de investigaciones de crimen organizado o casos complejos”, expresó.
Garrido concluyó que el arresto del fiscal carece de fundamento legal, ya que —según su interpretación— no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional ni en los instrumentos internacionales que regulan este tipo de técnicas de investigación.
