@abrilpenaabreu
El Estado dominicano tiene la responsabilidad legal y moral de proteger a quienes se encuentran bajo su custodia, especialmente si están en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es un escándalo que debería avergonzar a toda institución pública con competencia en salud, derechos humanos, seguridad o justicia.
Los casos de Ellen Frances Hulett, David de los Santos y Cristina Martínez Lorenzo ilustran con crudeza un patrón de negligencia, violencia institucional y desprotección total hacia personas con enfermedades mentales. Tres historias distintas, una misma constante: el Estado no solo no las protegió, sino que se convirtió en su principal verdugo.
Ellen Frances Hulett, una joven estadounidense de 24 años, murió el 23 de junio de 2024 en el Centro de Interdicción Migratoria Vacacional Haina tras pasar dos meses retenida por diversas autoridades —Policía Nacional, Politur, Fiscalía de Hato Mayor y Migración— que detectaron signos evidentes de trastornos mentales. A pesar de que no podía identificarse, hablaba incoherencias y exhibía conductas disociadas, nunca fue trasladada a un centro médico ni recibió evaluación psiquiátrica adecuada. Murió bajo custodia del Estado dominicano, un desenlace indigno que pudo evitarse.
Antes que ella, David de los Santos, también de 24 años, fue detenido en 2022 en una plaza comercial por una crisis mental. Fue golpeado brutalmente por otros presos, esposado, gaseado y torturado en una celda del destacamento del Ensanche Naco, mientras los agentes de servicio miraban hacia otro lado. Murió días después en el Hospital Darío Contreras. Por su asesinato fueron condenados varios policías y civiles, pero la condena social debería recaer también sobre un sistema que permitió que un joven con problemas mentales fuera encerrado y abandonado a su suerte, como si no valiera nada.
Cristina Martínez Lorenzo, de 35 años y dominicana, fue deportada ilegalmente a Haití en septiembre de 2023 por Migración, bajo el argumento de que “debía ser haitiana” por su apariencia y falta de documentos. Sus familiares advierten que Cristina es medicada desde niña por condiciones psiquiátricas, pero fue ignorada, expulsada, violentada sexualmente y expuesta a tratos degradantes. Nunca hubo sanción ni disculpa por parte del Estado.
Estos no son hechos aislados. Según la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, 1 de cada 5 dominicanos sufre algún trastorno mental. La ansiedad, la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia son las afecciones más comunes. Y en el sistema penitenciario la situación es aún más dramática: al menos 450 reclusos han sido diagnosticados con enfermedades mentales y se estima que más del 50% no recibe tratamiento adecuado. El Defensor del Pueblo ha calificado como “inhumanas” las condiciones en que muchos de ellos viven: hacinados, sin medicación, aislados, y hasta desnudos en celdas sucias, donde hacen sus necesidades en el piso.
El caso de Ellen pone al desnudo lo que ya sabíamos: en República Dominicana la enfermedad mental sigue siendo tratada como una molestia, no como un padecimiento de salud. La declaración del director de Migración, quien sugirió que los problemas de Ellen se debían a traumas familiares, es tan irresponsable como reveladora. ¿Y si así fuera? ¿Acaso no ameritaba asistencia profesional? ¿Desde cuándo el trauma es excusa para la negligencia institucional?
Es necesario exigir responsabilidades. No basta con investigaciones internas, promesas vacías o traslados simbólicos. El Estado dominicano debe crear un protocolo obligatorio de atención médica y psiquiátrica inmediata para todo ciudadano bajo custodia que muestre signos de desestabilización emocional o mental. Urge capacitar a la Policía, Migración, los fiscales y todos los operadores del sistema. Urge ampliar los pabellones psiquiátricos penitenciarios, garantizar el suministro de medicamentos y dejar de ver al enfermo mental como una carga que puede dejarse morir en silencio.
Lo que sucedió con Ellen, David y Cristina no es un error. Es una cadena de omisiones, prejuicios y desprecio institucional hacia una población que no puede defenderse sola. Y como sociedad, no podemos seguir siendo cómplices por omisión.
