El Pregonero, Santo Domingo.– La Asociación de Software de Puntos de Venta de la República Dominicana (ASOPOS) pidió a la Presidencia de la República no promulgar en su redacción actual la ley de juegos de azar, aprobada por ambas cámaras legislativas, y solicitar al Congreso su revisión para evitar que los desarrolladores de software enfrenten responsabilidad penal por operaciones que no realizan ni controlan.
La solicitud se concentra en los numerales 2 y 5 del artículo 163. Según el gremio, estas disposiciones deben distinguir claramente entre quien opera el negocio de apuestas y quien suministra la herramienta tecnológica.
“Desarrollar, instalar o dar soporte a un sistema no convierte a una empresa en operadora de una banca. Como proveedores tecnológicos, no recibimos las apuestas, no custodiamos el dinero de los jugadores ni pagamos los premios”, explicó ASOPOS.
La asociación señaló que suministrar un programa no supone conocer ni autorizar cada decisión del negocio que lo utiliza. Por eso, pidió que cualquier atribución de responsabilidad identifique la conducta del proveedor y su participación concreta, en lugar de basarse únicamente en la existencia de una relación comercial con el operador.
La organización aclaró que no busca excluir a sus miembros de la regulación y respalda los registros, auditorías y controles técnicos necesarios para fiscalizar el sector.
“No pedimos impunidad. Si un proveedor conoce una operación ilegal y participa deliberadamente en ella, debe responder. Lo que rechazamos es que un técnico pueda ir a prisión por decisiones de un cliente que no tomó ni controló”, señaló.
ASOPOS propone definir expresamente las funciones del proveedor tecnológico y establecer que la verificación de la licencia del cliente sea una obligación administrativa, cumplida mediante la consulta del registro oficial. También solicita que la responsabilidad penal requiera demostrar conocimiento efectivo y participación material en la operación ilegal.
Para hacer viable esa verificación, el gremio plantea que las autoridades mantengan un registro de licencias accesible y actualizado, que permita identificar al operador y las actividades que tiene autorizadas. El proveedor podría así documentar que realizó la consulta y cumplió con su obligación, sin asumir funciones de investigación o fiscalización sobre sus clientes.
El gremio reiteró su respaldo a una ley que formalice el mercado, combata el lavado de activos y proteja a los menores, pero insistió en que estos puntos deben corregirse antes de su promulgación.
“Una ley más clara permitirá fiscalizar mejor y exigir a cada actor que responda por lo que realmente hace”, concluyó ASOPOS.
