El Pregonero, Santo Domingo. –Un tribunal impuso prisión preventiva como medida de coerción contra Rafael Antonio Martínez Mendoza, señalado como gerente, representante y firmante autorizado de J. Armando López Holding Group, S.R.L., en el marco de una investigación penal por una presunta estafa millonaria vinculada a operaciones de préstamos, pagarés, garantías hipotecarias y ejecuciones sobre bienes inmuebles.
La decisión se produce dentro del proceso iniciado a partir de la denuncia presentada por Daniel Cordero Guerrero y otros afectados, quienes cuestionan la forma en que determinadas obligaciones financieras habrían sido documentadas, garantizadas y posteriormente reclamadas.
Mientras Martínez Mendoza queda sometido al proceso bajo la medida de coerción dispuesta por el tribunal, José Armando López Pilarte continúa requerido por las autoridades, de acuerdo con las informaciones suministradas por la parte querellante.
De US$253 mil desembolsados a reclamaciones millonarias
Uno de los principales puntos de la investigación gira alrededor de una operación de financiamiento que originalmente habría sido pactada por US$1 millón.
Según la documentación citada por los denunciantes, una decisión judicial habría establecido desembolsos comprobados por aproximadamente US$253,035.
La parte querellante sostiene que posteriormente habría sido instrumentado un pagaré por US$908,500, mientras que reclamaciones relacionadas con la misma operación financiera habrían llegado a superar los US$6.7 millones.
La diferencia entre los montos constituye uno de los aspectos que, según los denunciantes, deberá ser esclarecido por el Ministerio Público mediante la reconstrucción de la ruta financiera y documental de las operaciones investigadas.
“Aquí no se está criminalizando una deuda. Lo que se está investigando es si se utilizaron documentos, garantías y procedimientos judiciales para hacer exigibles cantidades que no guardarían correspondencia con el dinero efectivamente desembolsado”, manifestó el abogado de la parte querellante.
Pagarés, hipotecas y ejecuciones bajo investigación
El expediente también busca establecer cómo fueron estructuradas las garantías hipotecarias, cuáles documentos respaldaron las acreencias reclamadas y quiénes intervinieron en las diferentes etapas de las operaciones cuestionadas.
Los querellantes han solicitado investigar si se produjo una utilización irregular de pagarés, hipotecas, embargos, inscripciones registrales u otros procedimientos para procurar la ejecución de bienes por cantidades que, según alegan, serían superiores a los valores efectivamente desembolsados.
Corresponderá al Ministerio Público verificar esas alegaciones, reconstruir las operaciones y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales individuales.
José Armando López Pilarte continúa requerido
La parte querellante informó, además, que José Armando López Pilarte permanece requerido judicialmente dentro de la misma investigación y que contra este habría sido emitida una orden de arresto.
Según los denunciantes, López Pilarte todavía no habría sido puesto a disposición de las autoridades.
Los querellantes consideran que su comparecencia podría contribuir al esclarecimiento de aspectos relacionados con las negociaciones, documentación, constitución de garantías y posteriores reclamaciones económicas investigadas.
Adquirientes del proyecto ATALIA
El expediente también alcanza operaciones relacionadas con adquirientes de inmuebles del proyecto ATALIA.
De acuerdo con la parte querellante, algunos compradores habrían enfrentado dificultades relacionadas con sus procesos de titulación o derechos de propiedad debido a cargas, hipotecas y otras actuaciones inmobiliarias vinculadas al conflicto.
Los abogados indicaron que varios adquirientes podrían comparecer ante las autoridades en calidad de testigos para determinar si las operaciones investigadas tuvieron consecuencias sobre terceros.
La representación legal anunció que continuará depositando contratos, certificaciones y movimientos bancarios, pagarés, comunicaciones electrónicas, certificaciones registrales, decisiones judiciales y testimonios con el objetivo de establecer cuánto dinero fue efectivamente desembolsado y cómo se originaron las posteriores reclamaciones.
“La investigación apenas comienza. Ahora corresponde seguir la ruta del dinero, revisar cada documento y establecer quiénes intervinieron en cada etapa de las operaciones investigadas”, sostuvo la representación legal.
La imposición de prisión preventiva contra Rafael Antonio Martínez Mendoza constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad. Tanto él como las demás personas investigadas mantienen la presunción de inocencia, y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales competentes mediante una decisión definitiva.
